La diputada local del PRI, Adriana Meza Argaluza, planteó aplicar la perspectiva de género en las policías municipales y en los mecanismos de justicia civil
Adriana Meza Argaluza, diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó iniciativas para establecer la violencia estética en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de violencia, del estado de Querétaro, así como para incluir la perspectiva de género en las corporaciones de las policías municipales y en la justicia civil.
La legisladora señaló que en México cinco de cada 10 niñas, jóvenes y mujeres han vivido discriminación por su tono de piel, peso y estatura, así como su forma de vestir y arreglo personal, lo cual se enmarca en violencia estética o simbólica.
“Una violencia de género que no está reconocida legalmente en nuestro país y que pidieron tipificar feministas y abogadas, con el fin de visibilizarla, prevenirla y castigarla. El 98 por ciento de las mujeres en México ejercen algún tipo de violencia hacia sí mismas por una mala percepción que tienen sobre su cuerpo”, aseveró.
Además, propuso regular el actuar de las corporaciones policíacas municipales y que se obligue a actuar con perspectiva de género, tratándose de mujeres.
También se presentó una iniciativa para reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado e incluir la perspectiva de género en la justicia civil, aquella que se aplica para infracciones a los reglamentos municipales.
Por su parte, Abigail Arredondo Ramos, diputada federal del PRI por Querétaro, informó que presentará una reforma para homologar el delito de feminicidio a nivel nacional.
“La reforma que presentaremos en la Cámara de Diputados será a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en materia de feminicidio. Una de las principales demandas de las organizaciones defensoras de mujeres, es que el feminicidio no está homologado en el país. Cada entidad federativa lo regula por separado en sus Códigos Penales”, dijo.
Detalló que en el 50 por ciento de los códigos penales estatales se prevé una pena de prisión de entre 40 a 60 años por el delito de feminicidio. Sin embargo, hay nueve entidades en las que las penas son más bajas.
