Los días 21 y 22 de noviembre se realizó el coloquio Libertad de expresión, derecho a la información y periodismo en México, en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Participaron personas muy destacadas de la academia y de organizaciones de la sociedad civil, el periodismo y una que otra persona funcionaria pública.
Tuve el placer de participar en la última mesa para hablar sobre la incontenible violencia en contra de quienes hacemos periodismo.
La mesa estuvo moderada por Diego Ramos, destacado académico e investigador de la Universidad de Guadalajara, quien ha hecho trabajos muy interesantes sobre la construcción de redes de periodistas en todo el país.
En esta mesa también se presentaron los resultados para México de una encuesta global que se realizó en 70 países e incluyó a México.
Los resultados son interesantes y destaca una mínima reducción de agresiones físicas contra periodistas. Los intentos de secuestro, detención arbitraria, allanamientos y robo de equipos y materiales se reportaron como menos frecuentes.
En contraparte, aumentaron los casos de violencia verbal y psicológica, el acoso contra periodistas en redes sociodigitales que buscan descalificar a la persona y menospreciar su trabajo. Esta es una herencia de seis años de pedantería y ofensas desde Palacio Nacional.
Un resultado realmente relevante en este estudio es lo relacionado con la reacción ante las amenazas y agresiones.
Solo uno de cada 10 periodistas dice haber recibido apoyo gubernamental, uno de cada cinco recibió apoyo de alguna ONG y dos de cada seis de alguna asociación gremial. Esto significa que el apoyo institucional no ha servido.
Dos de cada tres periodistas han recibido apoyo y acompañamiento de sus superiores o del medio en el que trabajan, y cuatro de cada cinco recibe apoyo de sus colegas.
Es decir, las redes de apoyo entre pares siempre han estado allí, aunque no necesariamente cuentan con las fortalezas suficientes y menos con capacidad y recursos.
En esta mesa hablé sobre esto.
Cuestioné sobre aquellos colegas que han sido abandonados y abandonadas por las mismas organizaciones que asumieron su “protección inicial”, sobre aquellos y aquellas colegas que no alcanzan la notoriedad suficiente para recibir el acompañamiento.
Comenté que no hay programas ni acciones para atender la salud mental de periodistas ni para garantizar su reinserción a la vida profesional y que las empresas son las más omisas en esto.
Insistí en que está muy bien que sigamos haciendo estudios y diagnósticos desde la academia, pero todo eso no sirve si las mismas universidades mantienen su negativa a actualizar sus planes y programas de estudio para incluir materias de seguridad, protocolos de protección, estudios de evaluación de riesgos y sobre cómo hacer coberturas de riesgo.
Ni siquiera aceptan organizar cursos de autoprotección, porque dicen que no tienen dinero y esto me lo han repetido infinidad de veces universidades públicas y privadas, grandes, medianas y pequeñas de todo el país, desde hace 14 años.
¿De qué sirve que sigamos analizando y llenándonos de estadísticas sobre la violencia en México si las universidades seguirán viendo el fenómeno en vez de actuar para que las futuras generaciones de periodistas dejen las aulas con mejores capacidades profesionales y de autocuidado.
