La empresa ferroviaria Kansas City Southern busca desalojar a cerca de 60 familias bajo el argumento de que están invadiendo propiedad federal, en el parque Alcanfores, de la capital; por ello, los habitantes exigen apoyo de las autoridades para ser reubicados
La empresa ferroviaria Kansas City Southern (KCS) busca desalojar a cerca de 60 familias que viven en vagones de ferrocarriles y casas de madera en la zona de vías, a la altura del parque Alcanfores, en el municipio de Querétaro, señalaron habitantes, quienes exigen ser reubicados y apoyados por las autoridades.
En entrevista, Guadalupe Ponce, quien lleva 27 años viviendo en la zona, detalló que desde hace dos años recibieron una notificación por parte de la KCS en la que les exigen desalojar sus viviendas bajo el argumento de que están invadiendo propiedad federal; no obstante, hicieron caso omiso debido a que desde hace décadas las familias de trabajadores del sector ferroviario fueron instaladas en la zona.
Ante el caso omiso, la empresa KCS presentó demandas en contra de los habitantes, pero solo una pobladora se ha presentado ante la fiscalía y una familia ya fue desalojada, de acuerdo con Guadalupe Ponce.
“A ellos sí los agarraron y vámonos para afuera, con todo y su familia, sin cosas ni nada. Entonces, de ahí, la demás gente dijimos: ‘Pues no, no nos vamos a dejar porque no traen algún argumento básico’”, señaló.
Por su parte, Óscar Cervantes, trabajador de mantenimiento de KCS, aseguró que, pese a ser empleado, lo quieren desalojar y que no ha obtenido ayuda por parte de KCS.
Por la situación, los habitantes entregaron un documento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para solicitarle ayuda y el caso fue remitido a la Secretaría de Gobernación de Querétaro, la cual les notificó que no podía intervenir, de acuerdo con un oficio fechado al 13 de noviembre de este año.
Guadalupe Ponce aseguró que le ha solicitado ayuda al presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, pero sin obtener respuesta. Hasta el momento, solo el senador Agustín Dorantes Lámbarri los ha apoyado con asesoramiento legal.
Finalmente, los habitantes señalaron que están dispuestos a pagar para ser reubicados.
