Aleida Quintana, coordinadora de grupo Tekei Grupo Interdisciplinario por la Igualdad en Querétaro, destacó que se requiere de voluntad política en las entidades federativas por parte de instituciones como las fiscalías y el INE
Sobre las reformas y medidas que anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para atender la problemática de desapariciones en el país, la coordinadora de grupo Tekei Grupo Interdisciplinario por la Igualdad en Querétaro y miembro del comité de la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas, Aleida Quintana Ordaz, destacó que el cruce de información que propone la mandataria federal es una de las más relevantes.
Indicó que, para que tengan éxito y cumplan su finalidad las reformas para la consolidación del Certificado Único de Registro de Población (CURP) y la creación de la Base Única de Información Forense, se requiere de voluntad política en las entidades federativas por parte de instituciones como las fiscalías y el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Querétaro es uno de los estados en donde ni fiscalía ni el INE han mostrado interés en el cruce de datos. El paso decisivo es que los estados respeten estas reformas a nivel federal, de la presidenta, para dar con estas personas que podrían estar en calidad de no identificadas en algunos semefos (Servicio Médico Forense) o en algunas fosas comunes”, manifestó.
Mencionó que la aplicación efectiva de las reformas y medidas podría “entorpecerse” en los estados y en la propia Fiscalía General de la República (FGR), que, dijo, se niega a atraer casos de desaparición.
“Las iniciativas al menos nos dan un panorama de a lo que podríamos tener acceso como ciudadanos; como víctimas de desaparición, el tema es la aplicación, por eso con quien se tendría que trabajar y sensibilizar (…) es en los estados, para que hagan caso a lo que la ley y los protocolos dicen”, agregó.
En relación con la declaración de Sheinbaum Pardo de que “en el pasado” las desapariciones eran perpetradas por el Estado y ahora están vinculadas con los grupos delictivos, la activista consideró que “es una mala lectura” de lo que sucede en el país, pues existen políticos y empresarios involucrados con dicha problemática.
