El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez demandó a Pemex el pago de 58 millones de pesos, unos 2,8 millones de dólares, por el término anticipado de su contrato de patrocinio que se firmó en octubre 2018 y concluyó en 2019. El contrato de patrocinio está a nombre de MGI Asistencia Integral, la empresa de outsourcing de la petrolera estatal.
Pérez asegura que la compañía MGI concluyó de forma anticipada, y con mala fe, el contrato que amparaba el patrocinio de la petrolera estatal, por lo que pidió como medida cautelar el aseguramiento de cuentas de MGI hasta por 58 millones de pesos, pero el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil rechazó la petición.
De acuerdo con medio locales la sentencia no ha sido publicada por el juzgado, y ya fue apelada por ambas partes ante un tribunal unitario, por lo que el proceso aún se prolongará durante varios meses.
En febrero de 2018 Pemex anunció en inicio de su relación como patrocinador con Checo Pérez. La compañía estatal celebró la alianza con Shara Force India — ahora parte de Racing Point —. “El atractivo global del deporte entrega un lugar ideal para aumentar nuestra conciencia de marca y mostrar a nuestros clientes, inversionistas y consumidores, la fuerza de la marca que ha entrado a un nuevo ambiente de mercado”, aseguró en ese entonces la petrolera en un comunicado.
El convenio entre el equipo y Pemex incluía la aparición del logotipo de la paraestatal en el monoplaza y en los trajes de los pilotos.
Luego, en 2019 Pemex argumentó tener otras prioridades presupuestas y dejó de aparecer entre sus patrocinadoras cuando presentó el monoplaza y el uniforme que correría durante ese año para la escudería Racing Point.
Ahora la petrolera, que reportó pérdidas por 480.966 millones de pesos (22.995 millones de dólares) en 2020, tendrá que enfrentar en tribunales la decisión de concluir súbitamente el contrato de patrocinio.
En su más reciente informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identifica a MGI Asistencia Integral como una compañía outsourcing de Pemex que utiliza la petrolera para terciar servicios administrativos y legales en la refinería de Dos Bocas, el proyecto energético más ambicioso de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que se construye en Tabasco.