Para la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, resulta sospechoso que la diputada de Morena Fabiola Larrondo haya presentado su iniciativa para modificar la “Ley orgánica de la máxima casa de estudios” un mes antes de que arranque el proceso interno para elegir nuevo rector o rectora.
“La diputada comentó que esto es un tema que ella trae desde hace mucho tiempo atrás, por lo que significa la discriminación por edad; si lo trae desde hace mucho tiempo, ¿por qué no se ha acercado con este tema, y por qué sí se ha acercado por otros temas a la universidad, para cabildear?, y ¿por qué de repente ahorita, a casi un mes de iniciar nuestro proceso electoral interno, lo hace de esta forma? Claro que hay suspicacia y claro que suena sospechoso. Ella es universitaria y profesora de la Facultad de Derecho y ha sido consejera universitaria, entonces, estos temas no le son ajenos; no me parece que esté actuando por ignorancia, sino que finalmente esto seguramente puede llevar un trasfondo y también es lamentable pensarlo de esta forma”, dijo.
O sea que como diría el “Divo de Juárez”: “¿Pero qué necesidad, para qué tanto problema?”… A menos que se ande apuntando un tal Balderas Puga o algún otro… y la diputada quiera allanarle el camino.
Por otro lado, la rectora explicó que la reunión con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, fue para hablar sobre la generación al interior de la alma mater de una unidad anticorrupción.
“Algunas universidades privadas tienen este tipo de estrategias, de las públicas no lo tenemos, entonces, seríamos de alguna manera pioneros en el tema a nivel nacional”.
Los diputados de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales del Congreso local aprobaron exhortar al Ejecutivo federal a que instruya a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que evite su intromisión e injerencia en el poder Legislativo del estado de Querétaro y respete el Estado de derecho constitucional de las entidades federativas; argumentan que una parte del ámbito público no debe controlar y dictar unidireccionalmente la política educativa del país e incluso definir discrecionalmente programas y contenidos educativos según una postura política única.
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