El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, resaltó en la sección Cero Impunidad, en la mañanera de ayer, la detención de “El Tonny”.
“Fue un operativo de la Secretaría de Marina, la Conase, la Guardia Nacional y las unidades antisecuestros de Guerrero y Querétaro, quienes se trasladaron a Querétaro y se logró la detención de este sujeto, que es parte de la organización criminal de Los Viagra, que opera entre los límites de Michoacán y Guerrero. Fue detenido por secuestro agravado y ya está vinculado a proceso penal”.
Y ¡vaya revuelo el que causó la declaración del presidente López Obrador en esta misma conferencia de prensa!, esto, al hablar sobre el video que circula en redes sociales en el que un comando armado persiguió a un convoy del ejército en Michoacán.
El presidente explicó que hoy existe una política distinta, ya que antes eran constantes los enfrentamientos en los que perdían la vida delincuentes, ciudadanos inocentes y soldados y marinos.
“Desde luego, del partido conservador, hablando de que no había autoridad, de que ‘¡cómo se humillaba así al Ejército!’ (…) les decían a los oficiales del Ejército, de la Marina: ‘Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos’. Eso cambió, además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas: son seres humanos”.
Ayer se realizó la primera mesa de diálogo entre periodistas locales, defensores de derechos humanos y la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos de la 60 Legislatura del estado, Beatriz Marmolejo, con el fin de construir el proyecto de ley para el mecanismo estatal de protección de ambos gremios.
Ahí, periodistas expusieron la necesidad de que el mecanismo que se apruebe sea funcional y contemple también acciones de protección para sus familias; además, pidieron analizar qué ha impedido que prosperen las denuncias por agresiones cometidas por parte de servidores públicos de la entidad y los motivos por los que gobierno estatal no ha firmado el convenio para que el mecanismo federal de protección pueda aplicarse en Querétaro.
La diputada confirmó que el poder Ejecutivo del estado analiza retomar la firma de este convenio tras un llamado de la Subsecretaría de Derechos Humanos a nivel federal.
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