La libertad de expresión no es ilimitada y quien no lo sepa puede consultar el artículo seis de la Constitución, que, a la letra, dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.
Así que, al bloquear el viernes la avenida 5 de Febrero, una de las arterias con más circulación, frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), los inconformes con la ley de aguas afectaron a terceros y, sí, posiblemente cometieron delitos.
La intervención de elementos de la Policía Estatal (PoEs) generó inconformidad en redes sociales; Morena en Querétaro acusó represión y la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, escribió en Facebook: “Gobernador: es inadmisible que se reprima una manifestación social con el uso de la fuerza pública. Abra el diálogo, es indispensable. Solicitamos conocer la situación de las personas detenidas arbitrariamente”.
En tanto, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, también en redes sociales, aseguró: “El orden y la paz serán siempre la prioridad para la administración que encabeza el gobernador Mauricio Kuri González, por lo que reitero que se privilegiará el Estado de derecho”, y confirmó que tres personas habían sido detenidas por agredir a elementos policiacos y a ciudadanos.
También dijo que la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) estuvo atenta al caso y dio acompañamiento a quienes fueron puestos a disposición de la fiscalía por la posible comisión de los delitos contra la seguridad, el normal funcionamiento de los medios de transporte y de las vías de comunicación.
Luego, la propia fiscalía informó que dichas personas fueron liberadas y continuarán su proceso en libertad.
Los cuerpos policiacos, por supuesto, deben apegarse a los protocolos correspondientes y respetar los derechos humanos, y si hay excesos deben ser castigados; sin embargo, cabe preguntar ante lo sucedido: ¿queremos vivir en Querétaro en medio del caos y la impunidad cuando hay canales legales para impugnar los actos de autoridad?, ¿o se trata de aplicar aquí el “no me vengan con que la ley es la ley”?
Que el presidente del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro, Enrique Uribarren, se reunió con el presidente de la 60 Legislatura del estado, Antonio Zapata, para analizar, a pesar de las visiones encontradas, la posibilidad de realizar un trabajo conjunto para “perfeccionar” la legislación en materia de aguas en el estado.
¿Verdad que sí se puede dialogar cuando lo que se busca es el beneficio de Querétaro y no “llevar agua a su molino”?
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