En enero de este año, y en su calidad en ese momento de delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Querétaro, Joaquín de la Lama Corres estuvo en la manifestación en contra del reemplacamiento en la entidad.
Él aseguró en redes sociales, sin embargo, que solo la había “cubierto” y que únicamente había tomado el parecer a sus participantes; incluso aseguró “ser respetuoso de las decisiones de las autoridades locales, aunque pueda no coincidir con ellas”.
Por supuesto que lo anterior ni él se lo creyó; de hecho, el gobernador Mauricio Kuri confirmó entonces que había hablado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López: “Diciéndole que creo que él tiene que buscar la gobernabilidad, no tiene que estar buscando el descontento y la división, lo cual hizo el delegado; coincide conmigo, por supuesto que dice que va a tomar algunas decisiones”… Y andar de grillero le costó la chamba, porque un par de meses después tuvo que dejar el cargo.
Ayer, el personaje, ahora como integrante del Frente Estatal de Lucha (FEL), en rueda de prensa reconoció que las acciones legales que interpondrán en contra de la Ley de aguas no prosperarán, pero acotó: “No importa el efecto jurídico, como el efecto político”…
¡Cuánta razón tenía el gobernador!
Y como lo que en realidad importa es la grilla, aunque ya la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hayan determinado que la Ley de aguas no viola la Constitución ni el derecho humano al agua, ahora los inconformes traerán a ¡Gerardo Fernández Noroña! el próximo viernes para que dé un posicionamiento en Plaza de Armas sobre este tema y los desalojos.
Los comentarios salen sobrando… ¿A poco no?
Además de señalar que ningún acto de desvío de recursos públicos debe quedar impune, el diputado presidente de la Mesa Directiva de la 60 Legislatura del estado, Antonio Zapata, consideró que “no deja de ser curioso” que este miércoles se hubiera difundido en un medio nacional información de cuatro años atrás sobre presuntas irregularidades cometidas por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).
De acuerdo con lo publicado por el medio nacional, basado en los informes de las auditorías realizadas al IEEQ, el organismo electoral local habría pagado 11.8 millones de pesos a proveedores sin que estos estuvieran inscritos en el padrón, además de que, indicó, aprobó dar ayudas sociales a consejeros distritales y municipales por 9.9 millones de pesos sin pedirles un comprobante fiscal.
“Hay que revisar qué fue lo que pasó y si, efectivamente, hubo aclaraciones o no”, dijo Antonio Zapata.
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