Que el vocero organizacional, Erick Ventura, llamó a quienes no presenten síntomas de la enfermedad, a pesar de tener sospechas de que han tenido contacto con alguien positivo, a no solicitar pruebas hasta una vez que aparezca la sintomatología característica de Covid-19. Esto, para evitar una saturación en la demanda de los servicios del ‘call center’ y la aplicación de pruebas.
También pidió a los trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acceder a la plataforma electrónica que la institución habilitó para tramitar una incapacidad.
El viernes, en su informe diario, la Secretaría de Salud en la entidad reportó dos decesos y 786 casos más de la enfermedad. Asimismo puntualizó que había 2 mil 45 pacientes con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio; y 32 personas hospitalizadas, cuatro de ellas, graves.
Lo bueno: el sábado, el IMSS confirmó la aceptación de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso de Vanessa Dib, quien ingresó a la institución para el retiro de un Dispositivo Intrauterino (DIU) y acabó sin matriz y con amputaciones en ambas piernas.
Mediante un comunicado, aseguró: “Se investigarán a fondo las probables responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados en los hechos”, habrá una reparación integral del daño (compensación económica; atención médica, psicológica y psiquiátrica; prótesis y dispositivos que permitan su desplazamiento; acceso a programas sociales y becas para sus hijos).
Lo malo: sin la recomendación y presión mediática de los últimos días, seguramente no habría pasado nada.
Que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Mariela Ponce, confirmó que 14 personas que habían sido vinculadas a proceso por los hechos de violencia que ocurrieron el 5 de marzo en el estadio La Corregidora ya obtuvieron su libertad por suspensión condicional o procedimiento abreviado.
De ellos, explicó que existen tres casos en los que el juez les impuso como condición no ingresar durante los próximos tres años a un estadio. En total, recordó que 57 personas fueron vinculadas a proceso por los hechos.
“Si cumplen con todas esas condiciones, se termina el procedimiento; si no cumplen las condiciones, se reanuda hasta que llegue a juicio, y los de procedimiento abreviado terminan con una sentencia condenatoria. Tanto en suspensión provisional como en abreviado, tiene que pagar la reparación del daño porque es condición, lo cual ya se cumplió”, indicó.
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