Todo indica que la administración municipal de San Juan del Río, encabezada por Roberto Cabrera, no entiende bien a bien (y su director de Comunicación Social, Pedro Gómez, menos aún) que, en este país, la Constitución consagra como derechos fundamentales las libertades de expresión y de prensa; así como el derecho a la información. Y que, además, queda prohibida toda discriminación.
El artículo sexto es muy claro: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”, y el séptimo, ni se diga: “No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos”, “ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión”.
Apenas este martes, Artículo 19 en su informe anual sobre violencia contra la prensa, libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México, expuso que en 2022 se registraron 696 ataques contra la prensa y 12 asesinatos.
De acuerdo con la organización, las agresiones contra periodistas alcanzan una frecuencia de una cada 13 horas; la mayoría la cometen autoridades.
Al decidir estos servidores públicos qué periodistas sí (o sea, sus cuates) y quiénes no recibirán la información que generan, violentan derechos humanos de periodistas… ¡Así de simple!
Que el gobernador Mauricio Kuri informó vía Twitter que fue ‘hackeado’ en WhatsApp.
“Mi cuenta de WhatsApp, con teléfono 442-287-0622, ha sido ‘hackeada’. Les pido, por favor, hacer caso omiso de los mensajes que están siendo enviados. Estoy a sus órdenes vía redes sociales en cualquier plataforma. ¡Buen día!”.
Que mañana viernes, a partir de las 6:00 horas, en la autopista México-Querétaro, México- Pachuca, México-Toluca y México-Puebla, habrá una manifestación pacífica masiva de transportistas, comerciantes y asociaciones civiles hacia el zócalo de la Ciudad de México para mostrar su inconformidad por la “fabricación de delitos”, aseguran, por parte de la Fiscalía del Estado de México.
Y si bien el tema corresponde a otra entidad, seguramente habrá repercusiones en cuanto al tráfico que va a generarse en una vía de por sí saturada.
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