Que la Secretaría de Gobierno aceptará la recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) a la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social tras considerar que se violentaron derechos humanos de personas durante la manifestación contra la llamada Ley de aguas, en la avenida 5 de Febrero, el 10 de junio del año pasado, afirmó Guadalupe Murguía.
Y aunque subrayó que se respeta la libertad de expresión, dijo que debe cuidarse el derecho de la ciudadanía al libre tránsito y el que no se altere el orden público, pero, consideró que el documento representa una oportunidad para mejorar la actuación de los concertadores políticos.
“Desde luego, mi postura ha sido siempre atender las recomendaciones que nos haga la Defensoría de los Derechos Humanos y creo que es una excelente oportunidad para mejorar nuestros procedimientos, nuestros protocolos de actuación, para continuar como lo hemos seguido haciendo en el esquema de formación, capacitación de los concertadores”, declaró.
La DDHQ señaló que dicha subsecretaría “omitió entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero con los manifestantes”.
También incluyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana por no promover un entorno propicio para la protesta pacífica y por el uso de la fuerza pública por parte de la Policía Estatal.
Que no es una crítica política ni un motivo de confrontación, aseguró la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, durante la presentación del libro “Pautas para la regulación hídrica. Desde los enfoques de Derechos Humanos y Sustentabilidad”, sino el deseo de colaborar en la generación de una Ley de aguas que sea ejemplo a nivel nacional.
“Lamento muchísimo que no haya ningún miembro de la Legislatura local y que tampoco haya un representante del gobierno estatal, yo entiendo que hay cosas de agenda, muchos compromisos, por eso intentamos avisar con el mayor tiempo posible, pero en realidad el mensaje para el gobierno es en un sentido de colaboración y de alianza”, afirmó la también coautora de la edición.
La obra fue elaborada por 16 especialistas en el tema provenientes de diversas instituciones.
Que, luego de que el IEEQ dio marcha atrás a las acciones afirmativas y garantes de los derechos político electorales de los grupos en situación de vulnerabilidad (personas LGBT+, con discapacidad, jóvenes, adultos mayores y migrantes), SOS Discriminación Internacional Querétaro y el Observatorio Juvenil por la No Discriminación Querétaro (OJQ) consideraron dicha exclusión un acto de discriminación y de violencia política, porque obstaculiza y anula el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales de grupos en situación de vulnerabilidad históricamente discriminados.
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