Que la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es un reconocimiento al fracaso del gobierno federal y a la grave crisis de salud pública en la que Morena tiene hundido a México, con 35 millones de personas que no tienen ningún servicio de salud en nuestro país, tras la aprobación ‘fast track’ de la iniciativa para eliminar al instituto que ellos mismos crearon cuando desaparecieron el Seguro Popular, señaló la presidenta del PAN en Querétaro, Leonor Mejía.
La dirigente advirtió que la decisión repercutirá en el IMSS porque no cuenta con la infraestructura, capacidad operativa y personal de salud para hacerse responsable de lo que implica brindar atención a más de 35 millones de personas sin seguridad social.
“En Querétaro, antes de la extinción del Seguro Popular (diciembre de 2019), se contabilizaron 881 mil 601 afiliados. Para 2020, los afiliados queretanos al Insabi fueron 587 mil habitantes, quienes siguen padeciendo las malas decisiones y ocurrencias del gobierno federal”.
Que la suspensión por parte del área de Inspección y Protección Civil de la paletería ubicada frente a la prepa Norte, según el área de Comunicación Social del municipio de Querétaro, se debió a “algunas denuncias de vecinos de la zona. Encontraron faltas a la normatividad para la prevención (extintor caducado y otras cuestiones menores)”.
Pero esto se dio luego de que la UAQ informó que la sociedad de alumnos turno matutino de la Escuela de Bachilleres plantel Norte reportó la comisión de un presunto delito en contra de estudiantes de la institución, por parte de personal de un local comercial cercano a la institución, y que según información difundida en redes, empleados de una paletería tomaban y difundían fotografías de menores de edad, sin su consentimiento, a través de WhatsApp.
Que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado que hay despachos que ofrecen a los patrones esquemas que simulan ser planes de pensiones, con la intención de evadir el pago de contribuciones por las nóminas de sus trabajadores.
“A través de estas prácticas se entrega dinero a trabajadores en activo y simula que se trata de pagos por concepto de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro, cuando en realidad se trata del pago de nómina, con la finalidad de no considerarlos como parte del salario del trabajador y darle tratamiento de ingresos exentos del impuesto sobre la renta”.
Y advirtió: “El uso de dichos esquemas es un delito que se castiga hasta con 13 años de cárcel. Este delito también perjudica a los trabajadores en sus prestaciones de salud, vivienda y pensión”.
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