La buena: ayer quedó claro, con el retiro del bloqueo en la carretera 57, que en el estado de Querétaro la máxima de que “a mí no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley” no aplica… aquí sí importa la aplicación de la ley, aquí no se responde con abrazos a quien viola la ley. Y quienes vivimos en la entidad lo reconocemos y valoramos.
No de balde el Índice de Estado de derecho en México 2022-2023, presentado el miércoles, ubicó nuevamente a Querétaro en el primer lugar en el país, destacando principalmente en cuatro rubros: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, derechos fundamentales y justicia penal.
La mala: la ausencia e indiferencia de las autoridades federales para actuar en este caso. Ayer quedó claro que las afectaciones a miles de personas, les importan un pepino.
En medio de lo sucedido ayer por el bloqueo, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, a quien el propio gobernador Mauricio Kuri llama la “Dama de Hierro”, dio muestra de tener el coraje necesario para imponer orden en una compleja situación, ante actitudes reiteradamente intimidatorias de un grupúsculo de personas cerrado a buscar acuerdos.
“Es lamentable que, a pesar del colapso que causa no solamente a Querétaro sino al país, el bloqueo de la autopista federal 57 por parte de un grupo de manifestantes, presuntamente invasores de un predio, la autoridad federal no intervenga, se haga de la ‘vista gorda’ y deje a la gente a su suerte”, dijo en un comunicado la presidenta del PAN en Querétaro, Leonor Mejía, tras recordar que el tramo carretero es de carácter federal y una de las vías más importantes del país.
“Ante esta incapacidad de la autoridad federal, el día de hoy (jueves) por la mañana, el gobierno del estado agotó toda posibilidad de diálogo y, sin emplear armas, escudos o toletes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hicieron valer la ley y los derechos al libre tránsito de las personas, logrando desbloquear la autopista”.
Dijo que proteger el interés público y cuidar el orden seguirán siendo prioridad para los gobiernos panistas, porque solamente haciendo cumplir la ley se garantiza la convivencia pacífica y la tranquilidad de las familias.
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