El arranque, ayer, de las campañas por parte de quienes participan en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 pasará a la historia… para bien o para mal de este país.
Las campañas durarán 60 días. El financiamiento público o privado está prohibido, igual que la contratación de espacios en medios para promover sus candidaturas; sí pueden usarse redes sociales o medios, pero sin erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos, y también se podrán dar entrevistas noticiosas y asistir a foros de debate organizados, en condiciones de equidad y con base en las directrices del INE.
Los partidos y las personas servidoras públicas no pueden realizar proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna.
Si usted desea saber quiénes son, el INE habilitó un sitio donde podrá conocer la trayectoria y propuestas de quienes hayan cargado la información en la plataforma Conóceles.
¡El sueño de López Obrador se hizo realidad!
Y, a propósito de esta elección, que Celia Maya García, magistrada en retiro del poder Judicial del estado de Querétaro y excandidata a la gubernatura por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), inició ayer su campaña para obtener un cargo en el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial Federal.
La actual consejera de la Judicatura Federal señaló que decidió iniciar su campaña en Querétaro porque su experiencia la consolidó en este estado y que, aunque el proceso de aprobación de la reforma judicial fue “controvertido”, hoy es una realidad y está en marcha.
Que el líder estatal del PAN, Martín Arango, calificó como un abuso de poder por parte de Morena lo visto en imágenes difundidas por empleados del municipio de Cadereyta, además de un posible uso indebido de recursos públicos, ya que camionetas particulares que participaron en la marcha por la huelga que mantienen trabajadores de esa administración, se abastecieron de combustible en los mismos horarios que los vehículos oficiales de Servicios Públicos Municipales y Protección Civil.
“No solo usaron recursos públicos para financiar una marcha que responde a un capricho derivado de su falta de diálogo, un capricho que hoy afecta a todas las familias de Cadereyta y tiene al municipio en una crisis de gobernabilidad (…) sino que, además, obligaron a trabajadoras y trabajadores del municipio a asistir, coaccionándolos bajo amenazas veladas”, acusó.
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