En una revisión en redes sociales y plataformas de comercio en Internet, se identificaron por lo menos tres anuncios que ofrecían los llamados “jammers”, los cuales, de acuerdo con la SSPC, son utilizados por los grupos criminales para robar vehículos automotores
Aun cuando el 25 de enero entró en vigor el decreto por el que se prohíbe y sanciona el uso, comercialización y fabricación de bloqueadores o inhibidores de señal, popularmente conocidos como “jammers”, en redes sociales y plataformas de comercio en línea todavía se encuentran publicados mensajes donde se ofrecen estos productos.
En una revisión en redes sociales y plataformas de comercio en internet, se identificaron por lo menos tres anuncios que ofrecían los llamados “jammers”, los cuales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), son utilizados por los grupos criminales para robar vehículos automotores en carreteras y, de este modo, evitar los sistemas de detección por parte de empresas y autoridades de seguridad pública.
La iniciativa de ley para adicionar el artículo 190 Bis a la “Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión” y el artículo 168 Ter al “Código Penal Federal” -que dio origen al mencionado decreto tras su aprobación por las Cámaras de Diputados -, expone que el robo a autotransporte se ve facilitado por el uso de inhibidores de señales, mismos que, al ser activados, cortan inmediatamente las conexiones entre dispositivos GPS y satélites, por lo que el rastreador satelital no registrará ubicaciones GPS.
“La Canacar (Cámara Nacional del Autotransporte de Carga) estima que los costos incurridos por la inseguridad en el transporte durante el año 2017, ascendieron a 92 mil 500 millones de pesos, lo que representa un 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto nacional”, señala la iniciativa.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que, durante 2019, se registraron 11 mil 451 carpetas de investigación por el delito de robo a transportista a nivel nacional; precisó que en 9 mil 785 casos, el robo ocurrió con violencia, y en mil 666, no la hubo.
En el estado de Querétaro, informó el SESNSP en su reporte de incidencia delictiva del fuero común 2019, no se inició ninguna carpeta de investigación por el ilícito en cuestión.
