El pasado 7 de julio, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó –en un comunicado– la suspensión por seis meses del secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, a quien la Fiscalía General de la República investiga –tras el auto de libertad dictado a José Ángel ‘N’, alias el “Mochomo”, del cártel Guerreros Unidos; vinculado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa– por su probable responsabilidad en los delitos de cohecho, utilización indebida de información, tráfico de influencia y encubrimiento, entre otros.
Según un audio difundido en medios, la madre del líder criminal pagó un soborno de millones de pesos para que se decretara la liberación de su hijo.
“En el Poder Judicial de la Federación son muchas y muchos más los juzgadores y servidores públicos honorables, por lo que no toleraremos ningún acto de corrupción o injusticia que vulnere la autonomía e independencia de la justicia federal”, aseguró el boletín del CJF.
El 9 de julio de 2019, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –Santiago Nieto Castillo– reveló que investigaban siete casos nuevos de jueces y magistrados por presuntos actos de corrupción, relacionados con la delincuencia organizada.
De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020 del INEGI –publicado el pasado 2 de julio– en 2019, el Poder Judicial de la Federación (PJF) recibió 3 mil 805 quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, de las cuales 3 mil 602 fueron presentadas ante el CJF.
Asimismo, se aplicaron mil 966 auditorías o revisiones a los órganos del Poder Judicial de la Federación: 11 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 39 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y mil 916 en el propio Consejo de la Judicatura.
Del total, detalla el censo, mil 863 auditorías o revisiones se aplicaron a órganos jurisdiccionales y 103 a órganos administrativos; en 84 unidades se registraron observaciones o anomalías: 15 en la SCJN, 21 en el TEPJF y 48 en el CJF.
También fueron iniciadas 145 investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por los servidores públicos en el PJF: 58 en la SCJN, 84 en el TEPJF y tres en el CJF; y 3 mil 298 procedimientos de responsabilidad administrativa a 4 mil 637 servidores públicos.
Un total de 341 servidores públicos fueron sancionados por su responsabilidad en comisión de faltas administrativas (25 en la SCJN, siete en el TEPJF y 309 en el CJF); se impusieron 371 sanciones (355 administrativas y 16 económicas): 38 en la SCJN, siete en el TEPJF y 326 en el CJF. De las sanciones impuestas, 276 fueron por faltas no graves y 95 por faltas graves.
Los servidores públicos en su mayoría fueron sancionados por omisiones en su declaración patrimonial y de interés.
Desde 2007, el “Informe Global de la Corrupción, corrupción en sistemas judiciales” de Transparencia Internacional (Cambridge University Press) advirtió que la corrupción estaba debilitando las bases de la justicia en muchas partes del mundo, por negar a las víctimas y a los acusados el derecho humano básico a un juicio justo e imparcial.
Y describió cómo los sobornos pueden presentarse en el sistema judicial: “los funcionarios judiciales quizás exijan dinero por realizar el trabajo que ya de por sí es su obligación; los abogados tal vez cobren ‘cuotas’ adicionales para acelerar o retrasar un caso o para derivar a clientes a magistrados conocidos por dictar decisiones favorables a cambio del pago de sobornos. Por su parte, los magistrados pueden aceptarlos para retrasar o acelerar un caso, aceptar o desestimar una apelación, influir a otros jueces o sencillamente fallar de un modo determinado”.
Además, el organismo explicó que cuando acusados o querellantes “ya tienen un concepto negativo sobre la honestidad de los jueces y el proceso judicial, existe mayor probabilidad de que recurran al soborno de abogados, magistrados y funcionarios de la corte a fin de lograr su objetivo”.
Para Transparencia Internacional –aunque el estudio de la corrupción judicial en diversos países revela la existencia de diversas circunstancias legales, sociales, culturales, económicas o políticas– hay rasgos que se repiten; entre ellos: nombramientos judiciales no basados en méritos, salarios inferiores, precariedad en las condiciones laborales y falta de capacitación continua a jueces, procesos ineficaces para disciplinar y destituir a jueces corruptos y falta de transparencia en procesos jurídicos que impide a medios y sociedad en general denunciar este flagelo.
En el mismo informe de Transparencia Internacional, Stefan Voigt (2007) analizó los posibles determinantes de la corrupción judicial, en “¿Cuándo es más probable que los jueces sean corruptos?”, a partir de un modelo desarrollado en el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.
Explicó que “mientras mayor sea la utilidad (esperada) de una conducta dada, mayor será la probabilidad de que esta conducta pueda ser observada”; luego enumeró una serie de hipótesis para posteriormente hablar de cuatro medidas para disminuir la corrupción judicial: aumentar la remuneración de jueces y fiscales, reducir el formalismo procesal y el tiempo para obtener una decisión judicial, así como eliminar el monopolio de algunas agencias en el inicio de procesos contra presuntos responsables.
Sin embargo, mostró dudas en torno a si el incremento en las remuneraciones acarrearía una disminución en la corrupción judicial: “mientras la corrupción no implique un riesgo alto (las sanciones esperadas son bajas), ¿por qué uno debería dejar de ser corrupto repentinamente? Esta situación podría ser interpretada también como un equilibrio con altos niveles de corrupción”, por lo que planteó: “es poco probable que un número de medidas aisladas lleve a un cambio de equilibrio y que cambios simultáneos en varias instituciones judiciales prometan efectos más significativos”.
En este contexto, a continuación aparece el listado de las percepciones en los principales cargos del Poder Judicial de la Federación… juzgue usted.
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