A pesar de que existen políticas públicas para fortalecer la salud física y mental de los adultos mayores, así como programas alimentarios y de asesoría jurídica, autoridades municipales encargadas de este sector en Querétaro sostienen que resulta necesario generar nuevas y reforzar las existentes respecto a este sector de la población, en lo que corresponde a su maltrato, abandono, omisión de cuidados y, sobre todo, a garantías de manutención por parte de sus hijos o familiares.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las personas adultas representan el 12.3 por ciento de la población total del país, es decir, hay 15.4 millones de personas de 60 años o más. De este total, el 11.4 por ciento vive solo, es decir, 1.7 millones de viejitos habitan en un hogar unipersonal, y se calcula que del total de la población de la tercera edad, el 16 por ciento sufre algún tipo de maltrato o abandono.
En lo que respecta al trabajo que han realizado los municipios de la zona metropolitana de Querétaro ante el abandono y la omisión de cuidados, este se reduce a dar acompañamiento y seguimiento de los casos que llegan a ser denunciados.
El artículo 144 del “Código penal para el estado de Querétaro” consigna: “Al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le aplicará prisión de tres meses a tres años”.
Así mismo, a propósito de la violencia familiar, determina: “Al cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado o colateral hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, al tutor, curador, al adoptante o al adoptado que haga uso de medios físicos o psicoemocionales, así como la omisión grave contra la integridad física o psíquica de un miembro de su familia, independientemente de que se produzcan o no lesiones, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y se le sujetará a tratamiento psicológico especializado” (artículo 217 Bis).
Y adicionalmente prevé: “Las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad más de lo ya establecido, cuando el delito se cometa en contra de persona menor de edad, mayor de 60 años de edad, personas con discapacidad o que, por las condiciones de sometimiento a las que se encuentren expuestas, les genere un estado de intimidación que les impida iniciar o continuar la denuncia”.
En el municipio de El Marqués, Claudia Martínez Guevara, directora del Sistema Municipal DIF, explicó que las principales atenciones que dan se deben a omisión de cuidados y violencia intrafamiliar hacia este sector de la población.
En estos casos, la autoridad municipal obliga a una audiencia de mediación para vincularse con los familiares y verificar si hay una falta; posteriormente, se genera un convenio de responsabilidad y se comprueba que se cumpla con la salvaguarda del adulto mayor.
En caso de reincidir en la omisión de cuidados, dijo: “Se confirma esta omisión de cuidados o exposición de incapaces, y lo que hacemos es iniciar ya un proceso ante la fiscalía para que ellos generen todo el proceso y hagan lo que les corresponde; nosotros no tenemos la facultad de iniciarlo, pero sí les damos el acompañamiento”.
En esta demarcación existen 15 casos abiertos por omisión de cuidados que ya pasaron una primera audiencia de mediación y se encuentran en el proceso de seguimiento. Respecto a la violencia intrafamiliar, informó, suele ser física o psicológica, y por estos actos se hace un traslado directo con la fiscalía. Hay además dos casos de viejitos que fueron canalizados a instancias de asistencia, debido a que no cuentan con familiares que se hagan cargo de ellos.
Según la directora general del Sistema Municipal DIF de Querétaro, María del Carmen Ortuño Gurza, en la capital queretana, las principales atenciones que brindan son por omisiones de cuidados y registran 45 expedientes en proceso.
Sin embargo, destacó que una de las problemáticas que enfrentan y a las que solo dan acompañamiento son los casos donde se obliga a los hijos -a través de un juicio- a atender las necesidades de sus padres.
“En lo que va del año, hemos otorgado 416 asesorías y atenciones jurídicas directamente a los adultos mayores que las solicitan; el tema recurrente es la omisión de cuidados o casos donde a los hijos se les tiene que pedir, a través de un juicio, que atiendan las necesidades del adulto mayor, este tema sí es un poco recurrente; sin embargo, podemos decir que la atención que estamos creando va encaminada a eso. Por ello creemos necesario generar políticas públicas específicas de atención y protección al adulto mayor para que no tengamos que llegar a esta situación”, señaló.
Datos de la Unidad de Protección a Grupos Vulnerables de Corregidora revelan que de los mil 300 adultos mayores empadronados, 250 presentan algún tipo de discapacidad. Se han atendido 114 reportes de omisión de cuidados: 88 son de personas mayores y 26 de personas con alguna discapacidad.
“A la fecha solo se ha iniciado un juicio de alimentos, donde la persona mayor demandó a sus hijos. La persona vive en la colonia Los Olvera. Tenemos también reportes de maltrato por omisión de cuidado en agravio de las personas mayores, en los cuales no hemos llegado a un juicio de alimentos, porque se llevan a cabo convenios internos en la unidad, para mejorar las condiciones de vida y vivienda de las personas mayores”, informaron.
Lo anterior refleja una realidad que viven los adultos mayores que se atreven a denunciar a sus hijos o familiares ante la necesidad de sentirse amados y atendidos; sin embargo, existen las cifras negras que “por amor” no se denuncian: “Yo qué voy a estar demandando a mis hijos, si ellos me dan lo que pueden”, expresó la señora Evangelina.
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