Solo 10 estados cuentan con fiscalía especializada en delito de tortura: IFDP

Aguascalientes, Baja California, Campeche, Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Guanajuato, Estado de México y Chiapas son los estados que cuentan con una Fiscalía Especializada

A casi cuatro años de que fue promulgada la “Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, únicamente 10 estados de la República Mexicana cuentan con una Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura, informó el secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Salvador Leyva Morelos Zaragoza.

De acuerdo con el artículo sexto transitorio de la referida ley, la federación y las entidades contaron con un plazo de 90 días posteriores a la fecha en que entró en vigor el decreto por el que se expidió el ordenamiento (27 de junio de 2017), para crear y operar sus fiscalías en la materia; sin embargo, hasta el momento, detalló Salvador Leyva Morelos, hay estados que, incluso, no cuentan ni siquiera con una Unidad Especializada en este tipo de delitos.

“Ya ninguna entidad federativa, hoy por hoy, que ya van más de tres años y medio de que se venció el plazo, tendría que contar con unidades, todas tendrían que ser fiscalías”, dijo.

En este sentido, indicó que Aguascalientes, Baja California, Campeche, Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Guanajuato, Estado de México y Chiapas son los estados que cuentan con una Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura; mientras que, Coahuila, Colima, Guerrero, Sinaloa, Nuevo León, Nayarit, Morelos, Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Baja California Sur no tienen Unidad ni Fiscalía.

“Los demás están con unidad”, acotó.

El especialista explicó que el delito de tortura es cometido por agentes del estado, como policías, agentes del Ministerio Público, agentes de migración, entre otros funcionarios públicos que tienen la intención de causar un daño físico o psicológico con distintas finalidades, por ejemplo, obtener una confesión. Los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, por su parte, no tienen una intención directa de un funcionario, sino que es el sistema el que genera dichas condiciones.

“La tortura siempre va a tener un nivel de intensidad y de daño más grande o mayor que los tratos o penas crueles e inhumanos, digamos, esa podría ser una primera distinción”, expuso.

Querétaro crea unidad

El 14 de mayo de este año, la Fiscalía General del estado de Querétaro publicó en el periódico oficial de gobierno del estado, “La Sombra de Arteaga”, el acuerdo por el que se crea la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con la función de investigar y perseguir los delitos previstos en el Título Segundo de la “Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La Unidad Especializada, agrega la publicación, estará adscrita a la Dirección de Acusación y contará con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los delitos de tortura de su competencia, conforme a la “Ley general”, así como a los más altos estándares internacionales en la materia. Las Unidades Administrativas de la Fiscalía General apoyarán a la Unidad Especializada en el ámbito de su competencia, con los servicios y personal que le sean requeridos para su adecuada operación, conforme a la normatividad y a las posibilidades presupuestales de la Fiscalía General.

“La coordinación y supervisión de las investigaciones de los Delitos de Tortura estará a cargo de la o el jefe de unidad, de quien dependerá operativamente el personal adscrito a la Unidad Especializada con independencia de la Dirección a la que pertenezca”, establece el acuerdo.

Transitar hacia una fiscalía

No obstante lo anterior, recordó el IFDP en una ficha informativa, en mayo de 2020 el instituto tuvo conocimiento de posibles actos de tortura cometidos en contra de una persona por parte de elementos de la Policía Municipal de Querétaro, por lo que, además de denunciar los hechos ante la Fiscalía General del estado, presentó un amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en Querétaro para impulsar la creación de una Fiscalía Especializada en la materia, ya que el Congreso estatal fue omiso y no legisló al respecto en tiempo y forma.

El 31 de mayo de 2021, añadió el instituto, el juez ordenó al Congreso local legislar y presentar en el periodo de sesiones en curso una iniciativa para crear la fiscalía en cuestión, así como asignar una partida presupuestal para su operación y funcionamiento.

“Al Congreso, específicamente, la ‘Ley general’ sí establece en sus transitorios que los órganos legislativos de las entidades federativas tienen que adecuar su marco jurídico; entonces, por eso, sí es específico el amparo, la concesión del amparo, para el Congreso. (…) La creación de una unidad es una muestra de buena voluntad por parte del gobierno de Querétaro, de realmente querer cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales en la materia, esperemos que esa sentencia sea un nuevo pretexto para cumplir ahora al 100 por ciento las obligaciones”, indicó Leyva Morelos Zaragoza.

Abundó en que la 59 Legislatura debe trabajar en una reforma a la “Ley orgánica” de la Fiscalía General del estado de Querétaro para crear la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura, puesto que, manifestó, con base en lo resuelto por el juzgado, la unidad no cumple totalmente con lo establecido por la “Ley general” y solo se trata de una instancia temporal.