Ganaremos confianza de la ciudadanía al publicar las sentencias: TSJ

Es necesario que los jueces utilicen un plumero para sacudirse todos los prejuicios cuando tienen un expediente en sus manos: Nadia Sierra

Será a partir del 8 de agosto cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Querétaro dé cumplimiento a la ley para hacer públicas las sentencias emitidas, afirmó José Antonio Ortega Cerbón, magistrado presidente.

“Esta información, en términos de la propia ley y los artículos transitorios, la tenemos que empezar a subir a partir del próximo 8 de agosto y se harán públicas todas las sentencias”.

Lo anterior, luego de que la 59 Legislatura local aprobó reformar el artículo 69 de la “Ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Querétaro”, a efecto de homologar las obligaciones del poder Judicial de Querétaro y difundir las versiones públicas de las sentencias emitidas.

“El poder Judicial tiene toda su información en transparencia, incluso ya hacemos unas pequeñas síntesis de las resoluciones en las que cualquier persona pudiera solicitar información; entonces, es muy bueno, porque va a transparentar toda la actividad del poder Judicial”, agregó Ortega Cerbón.

Destacó que es trascendente la publicación de las sentencias para que toda la ciudadanía y los justiciables que quieran leer una de algún asunto estén en condiciones de hacerlo.

“Lo que hace esta ley es transparentar la actividad que venimos haciendo día con día en el poder Judicial y creo que con esa transparencia lo que vamos a ganar es tener una mayor confianza en la ciudadanía, porque la ciudadanía se va a dar cuenta de la actividad del poder Judicial y que casi todas las resoluciones se dictan conforme a derecho y tratando de hacer justicia”.

Ortega Cerbón coincidió con María Silva Rojas, magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral del poder Judicial de la federación, quien señaló que publicar las sentencias es una herramienta que permite blindarse contra posibles intentos de presión o corrupción.

“Así es, porque básicamente lo que implica es transparentar. Sí hay por ahí que transparentar y ganar confianza de la ciudadanía, porque, ahorita, a lo mejor se puede decir que se absolvió a alguien que es medio importante y la ciudadanía se queda con la idea de que lo absolvieron porque lo ayudaron o porque hubo alguna situación de corrupción; entonces, ahora la ciudadanía podrá leer nuestra resolución y darse cuenta de que la actuación fue conforme a derecho”.

Reconoció que aún hay retos y desafíos al interior del TSJ y uno de ellos es darle identidad al poder Judicial.

“Un reto muy importante es buscar identidad del poder Judicial, porque luego nos confunden con la fiscalía o con los policías, y nosotros somos los jueces y nos dedicamos a aplicar el derecho en un caso concreto, resolver las controversias y dar garantía de paz social. Ya que tengamos bien nuestra identidad, necesitamos fortalecer el esquema para darle mayor confianza a la ciudadanía, que esté cercana al poder Judicial y que vea el trabajo que realizan los jueces y magistrados”.

Finalmente refirió que, por fortuna, no harán una gran inversión para cumplir con este ordenamiento, porque el TSJ ha invertido en cuestiones de tecnología y solo se harán algunos ajustes para que las 500 o 600 sentencias que se resuelven al mes se publiquen en la página oficial.

Acceso a la justicia, aún con pendientes: activista

Ordenar al poder Judicial que publique todas las sentencias emitidas es un avance, sin embargo, los retos y desafíos siguen siendo mayúsculos, aseguró Nadia Sierra Campos, activista y defensora de derechos humanos.

“Finalmente, esta reforma, que debería aplicarse por convicción y no por obligación, llega de una manera muy atinada y lo que va a implicar no es solamente un tema de transparencia y rendición de cuentas, sino también la posibilidad de que tanto mujeres como otros grupos que se han quedado al margen del acceso a la justicia, pueden acceder a esta y que también podamos entender cuáles son los criterios y los precedentes que se están generando al interior del poder Judicial en Querétaro”.

Sierra Campos aseguró que acceder a la justicia en este país todavía es muy caro, pese a que se ha insistido en que se debe contar con suficientes defensores públicos y con asesores victimales que den acompañamiento, porque a veces pareciera que la justicia solamente llega para quienes tienen las posibilidades y los recursos.

“El gran desafío para los poderes judiciales a partir de esto también es que aprendan y reaprendan a hacer justicia, que no estén en sus escritorios y en sus oficinas de edificios públicos esperando a que lleguen las personas; más bien que las y los jueces tendrían que acercarse a las personas y esto implica una innovación y creatividad, es decir, tener juzgados itinerantes y generar información que permita que precisamente toda la población se pueda acercar”.

Otro desafío, dijo, tiene que ver con una mayor preparación de los jueces en función, pues una reforma tiene distintas modificaciones en materia penal, laboral y mercantil, entre otras, y que tendría que estar a la altura de la vida contemporánea y de lo que se está viviendo.

“Es necesario que quienes imparten justicia se acerquen a la realidad y se alejen de los formalismos; es necesario que utilicen un plumero para sacudirse todos los prejuicios cuando tienen un expediente en sus manos, porque no es el expediente 505/2021 el que están juzgando, sino lo que tienen en sus manos son los sueños y expectativas de las personas;  también hace falta garantizar que efectivamente la justicia llegue a los justiciables y la otra es que la justicia es una aspiración colectiva, pero al final se vuelve en una batalla individual que se tendría que entender a partir de esas particularidades”.

“Conocer los derechos que tienen las personas es la llave para acceder a la justicia, por lo que esta tiene que ir acompañada de una máxima difusión para que la información permee a todos y puedan ejercer sus derechos humanos”.

Consideró necesario que las sentencias sean redactadas en un lenguaje que sea entendible para todos los sectores de la población.

“Hoy, las sentencias se vuelven complejas con tecnicismos jurídicos que no son de acceso fácil al público, por ello tienen que hacerse no solamente en un lenguaje incluyente, sencillo y claro que atienda al tipo de población al que va a dirigirse, sino también muy sintéticas, porque no puedes tener una sentencia que tenga 200 o 300 páginas”.

Sierra Campos afirmó que aparte de publicar las sentencias, los juzgadores deberían hacer pública su declaración tres de tres, que tiene que ver con su declaración patrimonial para evitar que haya un conflicto de interés. “Además, el poder Judicial necesita juzgar con perspectiva de género, pues en esta materia aún existe un gran rezago”.