El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal dotado de independencia técnica y operativa, que brinda servicios gratuitos de defensa penal en delitos del fuero federal y asesoría jurídica en materias administrativa, civil, fiscal, laboral, migratoria y atención a personas con discapacidad, afirmó Ernesto López Santillán, delegado del IFDP en el estado de Querétaro.
“Estos avances para acercar la justicia a las personas en situación de vulnerabilidad son gracias a la visión y proyecto de largo plazo que ha impulsado el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea”.
Detalló que en la delegación Querétaro se han atendido 606 aceptaciones penales, de las cuales, algunas todavía se encuentran en la Fiscalía General del estado de Querétaro y otras ya fueron consignadas ante el juez de control.
Refirió que brindan orientación y asesoría a personas de la comunidad de la diversidad sexual en cuanto a temas de matrimonio igualitario, adopción homoparental, reconocimiento de identidad de género, prestaciones sociales y discriminación por identidad de género, entre otras.
“Ha habido una gama increíble de asuntos en donde se han tenido que ir a la corte para formar criterios; por ejemplo, actualmente, tenemos un asunto de un matrimonio igualitario en el que se estaba discutiendo la custodia del menor, en donde generalmente a lo mejor por un poco de tradición, le corresponde a la mamá, pero ambas eran mamás, entonces, es un asunto que genera ciertas dificultades para determinar quién de las mamás puede tener al bebé y evidentemente atendiendo el interés superior del menor”.
En materia penal, dijo, los defensores públicos están capacitados en el nuevo sistema penal acusatorio, aplican estrategias de defensa con perspectiva de género, detectan casos de tortura en personas privadas de libertad y llevan asuntos de la “Ley de amnistía”.
“Son múltiples los asuntos que atienden nuestros abogados, porque son distintas materias las que abarcamos: en materia penal, atendemos a todas aquellas personas que están siendo procesadas en el fuero federal, como lo es la portación de arma de fuego y, bueno, en años anteriores se atendieron delitos de robo y posesión de hidrocarburo, robo en autotransporte y los ilícitos contra la salud”.
Afirmó que al menos el 85 por ciento de las causas penales que se generan en el estado de Querétaro las atienden los abogados del instituto.
“Contamos con asesoras y asesores especializados en la atención a personas con discapacidad para hacer valer sus derechos de acceso a la salud y educación; entre otros, recientemente se promovieron algunos asuntos de amparos a menores de 18 años que tienen alguna morbilidad para que sean vacunados contra el COVID-19”.
Aseveró que el instituto cuenta con abogados certificados para prestar sus servicios en 147 variantes lingüísticas a personas de comunidades y pueblos originarios, por lo que no solo son traductores bilingües, sino que también conocen la cosmogonía y cultura de los pueblos indígenas.
Destacó que por primera vez participan en materia de justicia laboral, a través de la asesoría especializada, mediante la cual brindan defensa y representación a los trabajadores, sindicatos y microemprendedores.
“En el IFDP tenemos asesoras y asesores jurídicos especializados en atención a personas en movilidad y sujetas a protección internacional, quienes llevan trámites de refugio, estancia legal en el país, acceso a servicios de salud y educación de personas migrantes, e internamiento irregular en estaciones migratorias”.
López Santillán destacó que han promovido un gran número de amparos de personas que son infraccionadas por estacionarse mal y se van al Tribunal Contencioso Administrativo Local, donde se anulaba la multa, pero no el arrastre de la grúa, ni el depósito del vehículo en la estación.
“Como en el Tribunal Contencioso Administrativo Local no eliminan esos gastos, vienen con nosotros y les promovemos el juicio de amparo para efecto de que se les restituya ese dinero que tuvieron que gastar, porque en ocasiones es más lo que gastan en el arrastre o fianza del resguardo del vehículo que la propia multa”.
Reconoció que en ocasiones hay una deficiencia en la materia administrativa y cuando la persona que fue infraccionada no presenta el monto del arrastre y el pago que se haya hecho, no se llega a comprobar el delito por la carencia que se hizo en el procedimiento administrativo, entonces, no se logra la restitución del pago.
“Muchas veces el criterio del tribunal es sumamente importante, pero en la mayoría en los que podemos cubrir esos requisitos, se llega a un resultado exitoso y se recuperan los recursos de las personas que fueron infraccionadas, y para ello se requiere que el Tribunal Contencioso Administrativo Local haya anulado la infracción”.
Otro tema en el que también llegan a intervenir, dijo, es el relacionado con delitos que involucran tarjetas de crédito, tales como las clonaciones del plástico.
“Hemos representado asuntos que no resolvía, jurisdiccionalmente hablando, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los cuales atendimos en los juzgados de distrito”.
Recordó que el instituto cuenta con el servicio de Defensatel, tu línea de defensa gratuita, que está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, y a través del cual se resuelven las dudas de los usuarios, sin importar si su asunto es o no de su competencia.
“El Instituto Federal de la Defensoría Pública delegación Querétaro está a la orden en sus instalaciones, las cuales se ubican en la calle Fray Luis de León, número 2880, colonia Centro Sur; si tienen un problema jurídico, estamos para servirles, para darles orientación, y si no es parte de nuestra competencia, eso lo determinaremos nosotros, al menos se van con una orientación jurídica de saber qué hacer y canalizarlo ante la institución que sí les puede prestar ese servicio”.
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