Colectivos impulsan la participación ciudadana como derecho humano

Política Colectiva, una organización de la sociedad civil, promoverá una nueva ley que impulse la participación ciudadana como un derecho humano e incluya 16 mecanismos de participación

Si los ciudadanos que estuvieron en desacuerdo con la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro”, aprobada por el Congreso local en mayo, hubieran promovido un referéndum para someter a consideración esta ley, tendrían que haber reunido 52 mil 900 firmas para acceder a este mecanismo de participación ciudadana.

Para el politólogo Luis Javier Moreno, integrante de la organización Política Colectiva, esto hubiera sido imposible, debido a que el umbral de requisitos solicitados por la “Ley de participación ciudadana de Querétaro” sigue siendo muy alto en comparación con los mecanismos de participación ciudadana contemplados en otras leyes locales.

Ante ese contexto, el académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) consideró necesaria la creación de una ley local de participación ciudadana que la garantice como un derecho humano; es por ello que los integrantes de Política Colectiva han realizado una nueva propuesta que ampliaría los mecanismos de participación ciudadana en la entidad.

“Queremos impulsar la participación ciudadana como un derecho humano, porque ahorita solo se ve como una oportunidad o una dádiva de los gobiernos; entonces, tenemos que garantizar eso en la ley”.

Para la organización, que se especializa en temas de participación ciudadana, transparencia y finanzas públicas, los cinco mecanismos que contempla la actual ley son altamente restrictivos para las personas.

“Los umbrales de firmas que se requieren para llevar a cabo mecanismos de democracia directa, como plebiscitos o referéndums, es del tres por ciento de la lista nominal, o sea que para solicitar referéndums en Querétaro se requieran 52 mil 900 firmas; es juntar más de todo un estadio Corregidora de firmas para poder someter a votación alguna decisión o alguna ley que hayan aprobado”.

La propuesta elaborada por Política Colectiva contempla 16 mecanismos de participación ciudadana, que derivaron de la revisión de las leyes de participación ciudadana de otros estados del país, con la finalidad de que los queretanos puedan incidir de mejor manera en la vida pública del estado.

“Por ejemplo, nada más en contraste con Jalisco, que es un estado mucho más grande y con una lista nominal casi tres veces más grande que Querétaro, solo se requieren 3 mil firmas. Entonces, si en Jalisco se hubiera aprobado una Ley de aguas y las personas hubiesen estado en contra, solo hubiesen necesitado 3 mil firmas para hacer un referéndum”.

Luis Javier Moreno explicó que entre los mecanismos de participación que proponen en Política Colectiva se encuentra la “Planeación participativa”, que, aplicada dentro del Congreso Local, implicaría un mecanismo muy similar al parlamento abierto.

“Son estos métodos de sentarnos a la mesa con los representantes y representados, y llegar a acuerdos y poner los argumentos a la mesa para la cooperación de leyes, iniciativas y propuestas”.

Además, incluye que los grupos temáticos y consejos consultivos, que actualmente son impulsados por la administración estatal, estén reglamentados, pues apuntó que no tienen ninguna garantía normativa.

Subrayó la importancia de que haya un respaldo en la ley de estos consejos temáticos, ya que señaló que hasta el momento no hay nada que garantice que lo que se dice en estas mesas de trabajo vaya a cumplirse.

“Dependen de la buena voluntad del gobierno para atender las recomendaciones que haga la ciudadanía, pero la mayoría de ellas históricamente se han quedado ahí (en las mesas de trabajo)”.

Ahondó en que si hay una propuesta de un grupo específico en los consejos consultivos, la nueva ley obligaría a las autoridades a establecer los tiempos de respuesta y, en caso de ser negativa, que esté fundamentada para que haya acuerdos claros entre ambas partes.

Otro aspecto relevante que mencionó el politólogo fue la importancia de incluir en la nueva propuesta legislativa la figura de “Presupuesto participativo”, puesto que en otros municipios del país (como Chihuahua, Chihuahua, o San Pedro Garza García, en Nuevo León) hay posibilidad de que las personas desarrollen los proyectos desde cero y se sometan a votación ciudadana para que haya una participación de fondo y amplia.

Refirió que si el municipio de Querétaro entrara en esta ley y se reglamentaran los Presupuestos participativos, en el 2022 las personas podrían hacer propuestas de obra pública y servicios públicos hasta por 228 millones de pesos.

Una propuesta que será presentada a autoridades locales

Luis Javier Moreno mencionó que la propuesta legislativa, que fue elaborada por Política Colectiva, pretende complementarse con las observaciones y opiniones de organizaciones y colectivos de la sociedad civil que quieran sumarse a participar.

Mencionó que ya ha habido acercamientos con las autoridades estatales, principalmente con el secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Antonio Rangel; así como con consejeros del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Graciela Juárez Montes, quien preside la Comisión de Participación Ciudadana en la 60 Legislatura de Querétaro, coincidió en la necesidad de reformar la actual ley.

“Comentábamos que otros estados tienen una ley muy completa en cuanto a los mecanismos de participación. Esta ley tiene cosas muy ambiguas, hasta incompletas, y por eso decidimos que el análisis fuera muy profundo, artículo por artículo, porque en esta oportunidad de hacer algunas reformas la idea es que hagamos un buen trabajo”.

La diputada explicó que hace un mes sostuvo una reunión con el secretario Antonio Rangel y con las consejeras del IEEQ, Karla Isabel Olvera Moreno y María Pérez Cepeda, para iniciar con el análisis de la actual ley.

“Hicimos el compromiso de iniciar algunas mesas de trabajo, analizar la ley que tenemos ahorita, que ya tiene 10 años. El acuerdo fue iniciar una mesa de trabajo para darle la oportunidad a los colectivos y que fortalezcan esta ley con la opinión y participación de cada uno”.