Falta de entrega-recepción de fraccionamientos abona a la crisis de vivienda en México

El acceso a los servicios públicos es parte del derecho humano a contar con una vivienda digna, pero en la actualidad hay un mínimo porcentaje de desarrolladores que concluyen este trámite

Falta de alumbrado público, vialidades y parques sin mantenimiento o falta de acceso a otros servicios públicos son los principales problemas que viven los colonos de fraccionamientos en la entidad, que no han concluido el trámite de entrega-recepción ante los municipios en los que fueron construidos.

De acuerdo con el diputado local de Querétaro Independiente (QI), Manuel Pozo Cabrera, al menos el 85 por ciento de los fraccionamientos no ha concluido el trámite de entrega-recepción, por lo que ya se alista una reforma al “Código urbano del estado de Querétaro” que podría ser presentada antes de que concluya el primer trimestre del año.

“Es una problemática en cuanto a la calidad de los servicios que reciben los habitantes de condominios, que a su vez forman parte del fraccionamiento. Al no ser entregadas por parte del desarrollador, los habitantes empiezan a ver un servicio deficiente, las calles llenas de hoyos, las lámparas que no funcionan, los parques secos, descuidados, etcétera, por decir lo menos”, explicó.

Mencionó que en el diagnóstico que ha realizado para la conformación de la reforma de ley, han observado que es una práctica común que el desarrollador asegure que el fraccionamiento cuenta con los mejores servicios; no obstante, una vez que las ventas se concretan, estos ya no concluyen este trámite.

“Le sigue metiendo al mantenimiento de esas vialidades y de estos parques y alumbrado para que a los compradores les sea atractivo, pero una vez que termina de vender, lo deja descuidado y no tiene el mayor interés en entregarlo al municipio”.

Refirió que un ejemplo de esto ocurre en el fraccionamiento Rancho San Pedro, ubicado al noroeste de la capital, cuyos habitantes carecen de alumbrado público desde hace años debido a que el desarrollador dejó de pagarle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Por tanto, están en penumbras y, como no ha hecho la entrega-recepción al municipio, pues los vecinos están en el limbo y todo esto ocurre en varios fraccionamientos”.

Para la abogada especializada en derecho a la vivienda y académica de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Carla Luisa Escoffié Duarte, esta problemática data desde la década de 1990 en México, pues las empresas inmobiliarias comenzaron a operar bajo la lógica de que el Estado tenía una función más de facilitador y gestor que de autoridad planificadora, reguladora y supervisora de que los desarrolladores cumplan con las normativas.

Mencionó que en la actualidad no ha habido un avance en las políticas públicas para atender esta problemática, la cual abona a la crisis de vivienda en el país.

“Hay un desfase entre los requisitos que tienen que cumplir las inmobiliarias con los permisos que se les dan y esto es supercomún en varias ciudades del país; ¿cómo es posible que un fraccionamiento que tiene como principal objetivo el poder garantizar una vivienda a sus habitantes no cumpla con la garantía de que estos van a tener acceso a servicios públicos?”.

Subrayó que este tipo de conflictos debe observarse como un asunto público, más allá de una situación que corresponde únicamente a un actor inmobiliario o una empresa privada.

“Porque lo que ocurre es una especie de velocidad entre autoridades: el sector privado dice: ‘No es mi problema, es del municipio’, y, por otro lado, el municipio dice: ‘No, yo no puedo hacer nada porque al final del día quien administra los espacios es el privado’, entonces, se trata de espacios, dinámicas, procesos y conflictos que están un poco entre lo público y lo privado”.

Además, señaló que cuando un ciudadano que atraviesa este problema decide interponer una demanda mercantil o civil contra el desarrollador, se ha observado que la empresa ya no se encuentra en la ciudad o, incluso, en el país; esto, dijo, complica el proceso.

Explicó que, aunque no existe una normativa que obligue a los municipios a actualizar los reglamentos que garanticen que estos trámites sean solventados por los desarrolladores inmobiliarios, sí es una obligación de los tres niveles de gobierno garantizar el derecho a una vivienda digna.

“Hay una obligación de actualizarse todo cuando hay una situación como la que se está viviendo, es decir, las autoridades tienen distintas terminaciones generales en materia de derechos humanos y son obligaciones que aplican a todas las autoridades para atender a las personas afectadas y para que haya una reparación del daño”.

Recalcó que el acceso a los servicios públicos es parte del derecho a la vivienda: “Y ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Constitución política es muy clara: todas las autoridades están obligadas a prevenir y proteger a la población frente a sus derechos humanos”.