Desde que inició el análisis en el Congreso local de los proyectos legislativos que se integraron para dar paso a la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado”, aprobada el 19 de mayo del 2022 en sesión de pleno de la 60 Legislatura del estado, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se comprometió a aportar una propuesta para la generación de una Ley de Aguas para la entidad que fuera “ejemplo nacional”.
En marzo del año pasado, diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI), así como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron por separado en Oficialía de Partes del Congreso local sus respectivos proyectos de iniciativa de Ley de Aguas; al respecto, diversas voces de la sociedad manifestaron que se trataba de un marco legal que pretendía privatizar el vital líquido.
En este sentido, fue hasta el 21 de abril que la máxima casa de estudios del estado presentó el libro “Pautas para la regulación hídrica. Desde los enfoques de Derechos Humanos y Sustentabilidad”, cuya copia impresa fue entregada a representantes de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) por parte de la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca.
En la presentación, la rectora consigna: “La crisis hídrica que vivimos no es, ni de cerca, la que viviremos y la que vivirán las nuevas generaciones. Si no actuamos ahora, irremediablemente llegará el día en que no se cuente con la disponibilidad de agua, iniciará la restricción y el racionamiento, se especulará y se encarecerá el servicio de distribución, el agua potable será cada vez más escasa”.
El estudio, elaborado por 16 especialistas de diferentes instituciones, entre ellas, la propia UAQ, el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Bajo Tierra Museo del Agua, el Centro Regional de Capacitación en Cuencas y el Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental en Querétaro, plantea la regulación hídrica desde dos enfoques: el de sustentabilidad, que refiriere que es necesario contemplar un modelo cuya base central sea “la salud de la biósfera” para lograr a la par el “bienestar de las sociedades”; y el de de derechos humanos, que se aborda desde la garantía de la disposición del volumen adecuado para uso doméstico, la libertad para acceder al suministro sin sufrir injerencias o cortes arbitrarios, la no contaminación de los recursos hídricos y el derecho a un sistema de abastecimiento del agua en condiciones de igualdad.
Sobre el primero se explica: “Esto implica que la economía queda subordinada a los límites del planeta, transformándose cada vez más en una economía con ciclos de energía cerrados (economía circular), autocontenida y descentralizada”.
Mientras que sobre el segundo se afirma: “Este enfoque resulta favorable para transformar modelos de gestión insostenibles y desvinculados hacia modelos de gestión fundamentados desde una mirada amplia que considera no solo el impacto del riesgo de no salvaguardar los derechos humanos al agua y el saneamiento, sino de la relación interdependiente con otros derechos, como la salud o el medio ambiente sano”.
Algunas de las 23 preocupaciones socioambientales que se enlistan de manera específica en el estudio son:
En el capítulo “Pautas para la conservación: aseguramiento de las fuentes hídricas”, se aclara: “El agua es un recurso básico para la supervivencia de las sociedades humanas, se presenta como un sistema circulatorio de las cuencas que incluye flujos superficiales y subterráneos”.
E indica que en México se requiere del desarrollo de políticas públicas que permitan analizar riesgos que tienen que ver con la “dinámica temporal” de la cuenca, que posibiliten la creación de redes de monitoreo a nivel nacional y estatal del caudal ecológico de los flujos superficiales, la fluctuación de nivel de agua subterránea en los sistemas acuíferos, las 40 variaciones en la química y, por ende, la calidad del agua, las variaciones en la pendiente de laderas inestables, así como la cantidad y conectividad del agua, de los flujos de agua superficiales y subterráneos, y el hundimiento y fracturamiento del terreno asociados a las extracción excesiva de agua subterránea en zonas agrícolas y urbanas.
Por otro lado, en cuanto a “Pautas para el acceso equitativo: suministro para uso y consumo humano”, en el cuarto capítulo, se señala que los Estados tienen la responsabilidad de establecer bases normativas para que tanto la gestión ambiental como la provisión de servicios respondan al mismo tiempo a los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible.
Asimismo afirma que la gestión que se basa en derechos implica la consideración sistemática de las desigualdades en la provisión de servicios y, además, aporta “protección o acciones afirmativas a poblaciones en situación de vulnerabilidad o sectores tradicionalmente discriminados”.
Así mismo, el análisis de los especialistas refiere a “Pautas para la prevención de riesgos y conflictos”, en donde reconoce que la condición de estrés hídrico de la entidad se agudizó debido al dinamismo económico y la expansión urbana “dispersa y fragmentada” que se vive en la Zona Metropolitana.
Y explica que deben promoverse instrumentos de comunicación y coordinación entre autoridades públicas de diferentes sectores y a diversas “escalas territoriales”.
“La gestión del agua en Querétaro se ha centrado en satisfacer una demanda creciente, sin considerar la disponibilidad del recurso ni la capacidad de renovación y regeneración del ciclo hidrológico”, advierte.
El texto expone que las pautas para la regulación hídrica se desarrollaron bajo un enfoque colaborativo e interdisciplinario, que tomó en cuenta una visión multiactoral participativa, por medio de la conformación de un núcleo de trabajo diverso que incluyó activistas, asociaciones civiles, especialistas e investigadores de diferentes instituciones.
* La obra completa puede ser consultada en https://ring.uaq.mx/handle/123456789/7891.
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