Querétaro es una de las 13 entidades cuyo Congreso local no ha aprobado su reforma judicial local para poder llevar a cabo la elección de jueces y magistrados, cuyo plazo vence el 15 de marzo.
Aunque ya hay una iniciativa en comisiones de la 61 Legislatura, aún no se define si las votaciones serán este 1 de junio o en 2027.
El grupo parlamentario de Morena presentó en enero una iniciativa de reforma judicial local que plantea que la elección de juzgadores se lleve a cabo en dos etapas: una este año y otra en 2027, la cual fue turnada para su dictaminación a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Administración y Procuración de Justicia.
Aunque la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada de Morena Andrea Tovar Saavedra, había respaldado dicha iniciativa, la semana pasada declaró que la elección debe ser en 2027, porque no hay presupuesto ni se ajustan los tiempos.
Por otra parte, diputados morenistas como Homero Barrero McDonald y Sinhué Piedragil Ortiz insisten en que la elección debe realizarse este año.
En tanto, el grupo parlamentario del PAN también ha manifestado que debe ser aplazada.
Actualmente, en el poder Judicial del estado de Querétaro hay 80 jueces y en el Tribunal Superior de Justicia, 13 magistrados, cargos que, de acuerdo con la reforma judicial federal, tendrán que ser renovados en su totalidad a más tardar en la elección federal ordinaria de 2027.
La iniciativa de Morena en lo local plantea lineamientos similares para la elección de juzgadores locales a los de la reforma judicial federal, así como la creación de un Tribunal de Disciplina del estado de Querétaro, que resolverá los conflictos entre el poder Judicial estatal.
Para ser candidato a juez, algunos requisitos planteados son: contar con licenciatura en Derecho, haber tenido un promedio mínimo de ocho y no haber sido condenado por delitos dolosos.
Héctor Parra Rodríguez, analista legislativo, consideró que si bien los legisladores locales tienen que homologar la reforma judicial federal, no tienen que limitarse e incluso pueden agregar más requisitos para garantizar que los candidatos cumplan con un perfil adecuado para la impartición de justicia.
La propuesta también plantea reducir el número de magistrados de 13 a 11 y que la remuneración percibida por sus servicios no sea mayor a la del titular del Ejecutivo federal.
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, también señaló que la reforma local no tiene que ser idéntica a la federal ni en sus métodos ni en sus procedimientos.
“Cada estado de la República hará la propia, de acuerdo con sus condiciones, necesidades, contexto social, político y jurídico”, resaltó.
Destacó que, aunque en el artículo octavo transitorio de la reforma judicial federal se establece que los poderes judiciales locales tienen la facultad de establecer la modalidad y términos para la elección de juzgadores, prefieren trabajar de manera conjunta con el poder Legislativo y la ciudadanía, sin imponer visiones.
“Nosotros no queremos hacerlo de manera aislada, sino que queremos hacerlo con ellos, trabajando juntos. No queremos presentar ningún documento, ni una iniciativa ni nada”, aseveró.
Uno de los principales retos para llevar a cabo elecciones de juzgadores locales es la falta de presupuesto, debido a que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) no cuenta con recursos extraordinarios para las posibles votaciones.
Ante ello, el gobernador Mauricio Kuri González declaró que veía complicado el tema de la organización y los recursos para que la elección fuera este año, y que consideraba que habría que ver los resultados de la elección federal.
Además, un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) establece que los organismos electorales locales tenían hasta el 15 de enero para recibir el número de cargos para renovarse en la elección extraordinaria, con el fin de contar con la viabilidad material y operativa.
No obstante, el diputado Homero Barrera McDonald ha insistido en que la elección de jueces y magistrados debe ser escalonada, con el fin de “quitarles carga a los electores” en 2027.
Además, Héctor Parra consideró que otro reto que enfrentaría el poder Judicial estatal es contar con un presupuesto para liquidar a los jueces y magistrados actuales, que perderían su cargo, ya sea este año o hasta 2027.
Sobre el tema, el magistrado presidente del TSJ dijo que ha tenido acercamiento con los jueces y magistrados, pero que no se adelantarán a “las vísperas”.
“No tenemos ningún pronunciamiento, más bien esperamos a que el Congreso en sus comisiones vaya realizando sus reflexiones y nosotros hacerlas con ellos, pero lo importante es que la justicia en Querétaro no se estanque”, resaltó.
Por otra parte, el analista legislativo alertó que la reforma judicial local, igual que la federal, podría enfrentarse a amparos promovidos por los juzgadores locales.
En contraste, en caso de que el Congreso local no apruebe la reforma antes de que venza el plazo, señaló, no tendrían ninguna sanción.
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