Según el diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, los desplazados o refugiados ambientales o climáticos son aquellas personas que se han visto obligadas a migrar a otros lugares a causa de la degradación medioambiental experimentada en su lugar de origen por razones naturales o por la acción del hombre.
La definición sirve también para los desplazados internos que no cruzan las fronteras de sus países, pero que, por la misma razón, se ven forzados a abandonar sus hogares.
Fue en 1985 cuando Essam El-Hinnawi, profesor e investigador del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), empezó a utilizar este concepto que, no obstante, en algunos sectores se había atribuido ya un año antes al Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED) de Inglaterra.
Aunque desde entonces su uso se ha extendido, los países no han reaccionado aún para contemplar en sus normativas la categoría de refugiado climático o desplazado ambiental.
Las convenciones de Ginebra sobre protección internacional a desplazados por guerras y otros conflictos datan de mediados del siglo 19 y no reconocen a los “refugiados climáticos” por no existir entonces conciencia del problema ni, por tanto, denominación para él.
Si bien el Pacto Mundial sobre los Refugiados, ratificado en 2018 en la Asamblea General de la ONU, reconoce que “el clima, la degradación ambiental y los desastres naturales interactúan cada vez más con las causas detrás de los desplazamientos de refugiados”, en términos legales, hasta la fecha, los refugiados ambientales no tienen amparo normativo en el derecho internacional y solo algunos países, como Suecia o Finlandia, incluyen a los “migrantes ambientales”, así los contemplan, en una categoría especial de personas que necesitan protección.
Lo más reciente es el pronunciamiento, en enero de 2020, del Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH) sobre la denegación de asilo como refugiado climático por parte de Nueva Zelanda a un ciudadano de Kiribati, una nación del Pacífico Sur.
La alta institución, que, aunque no calificaba entonces de “ilegal” la decisión, sí aconsejaba a los gobiernos tener en cuenta los derechos humanos de las personas afectadas por la crisis climática en un proceso de deportación, lo que marcaba ya un precedente global.
Y aunque sin sustento normativo, el fenómeno es cotidiano y va en aumento.
En Tuvalu, por ejemplo, el archipiélago del Pacífico que puede ser el primer Estado en desaparecer por el cambio climático, miles de personas contemplan ya trasladar su residencia por la subida del nivel del mar.
Lo mismo sucede en Somalia o en Senegal por la sequía; en Mozambique, por ciclones o tormentas tropicales, o en el especialmente vulnerable Bangladesh, donde, desde no hace mucho, un refugio en Daca acoge a personas obligadas a huir de sus casas por los desastres meteorológicos.
“Las probabilidades de sufrir un desplazamiento interno por ciclones, inundaciones e incendios son siete veces mayores que las de sufrir un terremoto o una erupción volcánica, y tres veces mayores que las de sufrir un conflicto”, explicaba a Efe Lourdes Benavides, responsable del programa Clima, resiliencia y paz de África del Oeste, en la ONG Oxfam Intermón.
Pero ningún país es inmune a los desastres: los impactos afectan más a los países más desfavorecidos, pero entre los 148 que en 2023 notificaron desplazamientos por catástrofes naturales figuran estados de rentas altas como Canadá y Nueva Zelanda, que registraron ese año las cifras más altas de desplazados de su historia, según el Informe global de desplazamiento interno, debido, por un lado, al impacto del ciclón Gabrielle, una tormenta de categoría tres en la Isla del Norte, o los incendios que asolaron Canadá y, también ese año, Grecia.
Según estadísticas del Centro de Vigilancia de los Desplazamientos Internos, más de 376 millones de personas de todo el mundo han sido desplazadas por inundaciones, tormentas, terremotos o sequías desde 2008, con un récord de 32.6 millones solo en 2022.
El Banco Mundial advierte que en 2050 los refugiados climáticos superarán los 140 millones procedentes sobre todo de África, Asia y América Latina, las tres regiones del mundo que representan el 55 por ciento de la población que habita en los países en desarrollo.
Otras entidades internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUMA) elevan a 250 los millones de expatriados ambientales para esa fecha.
Y si a los “migrantes por motivos climáticos”, efecto ya casi inevitable de la crisis climática, se suman los millones de desplazados por razones económicas, sociales o políticas, el factor de desestabilización de paz en el mundo está servido, según ACNUR.
Ya en 2019 un estudio del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) demostraba, por primera vez con datos, que el cambio climático exacerba conflictos y migración.
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