Desde el golpe de Estado de hace un año, la Junta Militar de Birmania ha reprimido brutalmente todas las manifestaciones de los ciudadanos; la violenta represión militar ha dejado unos mil 500 muertos
Human Rights Watch (HRW) urgió este viernes a la comunidad internacional a bloquear el acceso de fondos y armas a la Junta Militar que tomó el poder en Birmania hace casi un año y que ha reprimido con brutalidad a la disidencia.
El próximo martes se cumple el aniversario del sublevamiento militar que zanjó la joven democracia birmana y que desde entonces ha dejado casi mil 500 muertos a raíz de la violenta respuesta de las autoridades contra la oposición al régimen castrense.
Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido y Canadá han impuesto sanciones selectivas contra los mandos militares y algunas empresas con las que se financia el Ejército, pero según denuncia HRW “los ingresos de la junta en moneda extranjera permanecen prácticamente intactos, en particular por las ventas de gas natural”.
Conforme a los datos de la oenegé, la Junta Militar de Birmania ingresa unos mil millones de dólares al año gracias a la extracción de recursos.
Por ello, HRW pide a los gobiernos imponer sanciones de inmediato a las fuentes de financiación del régimen militar e insta al Consejo de Seguridad de la ONU a aprobar urgentemente una resolución que imponga un embargo global en la venta de armas a Birmania.
“Se deben imponer sanciones tan fuertes a la junta que los generales no sean capaces de soportarlas”, apunta el director de HRW en Asia, Brad Adams, en un comunicado.
Desde el golpe de Estado, la brutalidad con la que se ha empleado la junta militar ha ido aislando al país de la comunidad internacional, con las excepciones de Rusia y China, quienes suministran la mayoría del arsenal birmano y blindan a Birmania en la ONU.
“¿Cuántas personas más tiene que detener, torturar y disparar el Ejército de Birmania antes de que los gobiernos influyentes actúen para cortar el flujo de dinero y armas de la junta?”, subraya el activista.
El grupo francés TotalEnergies, la multinacional estadounidense Chevron y la compañía petrolera australiana Woodside anunciaron recientemente su salida de Birmania y el abandono de los proyectos con los que colaboraban con la Junta Militar.
En otro comunicado, HRW y otras organizaciones instaron hoy al Gobierno de Australia a imponer sanciones selectivas contra los líderes militares y las empresas vinculadas al régimen.
“Los sectores de la minería, el petróleo y el gas son como un cajero automático para el ejército asesino de Birmania. El gobierno australiano debería introducir sanciones que prohíban a las empresas australianas de minería, petróleo y gas llenar el bolsillo de los generales”, denuncia Clancy Moore, director en Australia de Publish What You Pay, especializada en compañías extractivas.
