El INE alertó que la reforma legal —aprobada por Morena en el Congreso de la Unión, e impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador— reduciría su plantilla laboral en un 84.6% y afectaría la realización de comicios en el 2024, así como la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.
Al dar a conocer un informe sobre las afectaciones por el “plan b”, el Instituto Nacional Electoral (INE) detalló que también se afectará la tramitación de la credencial para votar, así como la capacitación de 12 millones de ciudadanos cada elección federal para integrar las Mesas Directivas de Casilla.
Aunado a que facilita el uso de recursos públicos en campañas y la injerencia de servidores públicos.
El órgano electoral indicó que de las 2,571 plazas de cargos y puestos que conforman actualmente la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), la reforma sólo contempla mantener 396 plazas, lo que significa la disminución de la estructura del 84.6% respecto a la conformación actual.
“La sustitución del personal profesional por contrataciones temporales, de gente que no se habrá sometido a estrictos procesos de selección como el concurso público para el ingreso al SPEN, no permitirá garantizar la independencia, profesionalismo, solvencia técnica y compromiso de quienes se recluten de forma ocasional”, alertó.
Resaltó que la reforma impacta fuertemente las finanzas del INE, pues propone liquidar a miles de trabajadores, quienes por ley tienen derecho legal a recibir tres meses de su remuneración y adicionalmente 20 días por cada año de servicio.
“Ello representa una franca afectación de los derechos laborales de personal que llegó a su cargo por concurso público, que es evaluado, formado y capacitado de forma permanente, a partir de lo cual desempeña su empleo en apego a los principios de independencia y autonomía. Así, la reforma compromete labores sustantivas del INE para organizar elecciones auténticas”, apuntó.
El documento mostró que el llamado “plan b” plantea una serie de cambios que inciden en la organización de las elecciones, al grado de generar afectaciones al ejercicio de la función electoral, así como al ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Detalló que retrasa tanto el inicio del Proceso Electoral Federal como la instalación de los consejos locales y distritales. “En lugar de comenzar las actividades preparatorias de la elección durante la primera semana de septiembre, como hoy sucede, lo pospone a la tercera semana de noviembre del año previo de la elección”, apuntó.
Dijo que también se reducen los tiempos para reclutar y capacitar a asistentes electorales y, por consecuencia, se compromete la calidad de la integración y capacitación del funcionariado que integra las Mesas de Casilla, recibiendo y contando el voto de la ciudadanía.
Precisó que en año de elección de la Presidencia de la República, en 2024, recorre el inicio de las precampañas de noviembre a la tercera semana de diciembre.
Pero no reduce su duración de 60 días ni los plazos para el registro de candidaturas, lo que implicaría que no haya espacio entre el fin de las precampañas y el registro de candidaturas para llevar a cabo elecciones internas de los partidos ni para resolver posibles impugnaciones.
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