Ratifican prisión preventiva a Mario Marín ante riesgo de fuga

El exgobernador Mario Marín fue aprehendido en Acapulco, Guerrero, en 2021, luego de ser buscado por casi dos años

La Fiscalía General de la República (FGR) de México ratificó la prisión preventiva en contra del exgobernador de Puebla Mario Marín (2005-2011), acusado por tortura en contra de la periodista mexicana Lydia Cacho en 2005.

Marín, también conocido como el “gober precioso”, había solicitado a una jueza mexicana, en el sureño estado de Quintana Roo, seguir su proceso en libertad y se le impusieran nuevas medidas cautelares, como residir en un único lugar y acudir a firmar de forma periódica para garantizar su proceso penal.

Sin embargo, la jueza determinó que “el imputado representa un riesgo para la víctima y testigos”, así como que “existe un riesgo fundado de fuga”.

Además, se determinó, debido a pruebas presentadas por el Ministerio Público, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) y la Fiscalía Especializada de Control Regional, “la falta de arraigo del imputado en el lugar del proceso, que los retrasos en el proceso penal que se le sigue al imputado corresponden a actos procesales de la defensa y la complejidad del proceso penal que se instaura en su contra”.

“Como resultado, el Juzgado de Distrito, a cargo del proceso, determinó la continuación de la medida cautelar de prisión preventiva de Mario “M”, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Socia (Cefereso) 1 ‘Altiplano'”, informó la FGR.

El exgobernador Marín fue aprehendido en Acapulco, estado de Guerrero, en 2021, luego de ser buscado por casi dos años, tras la orden de captura girada en abril de 2019 por una jueza de Quintana Roo.

Esto, al considerar que Marín utilizó su poder al frente del Gobierno de Puebla para torturar a la periodista Lydia Cacho y coartar su derecho a la libertad de expresión por una publicación que revelaba un entramado de pornografía y prostitución infantil, parte de su libro “Los demonios del Edén”.

“Cabe recordar que el caso deviene de la acusación realizada por la Feadle por su presunta responsabilidad en valerse de las instituciones públicas del estado de Puebla que se encontraban bajo su mando y que, como titular del Ejecutivo de dicha entidad, ordenó la tortura de una reconocida periodista como castigo a su libertad de expresión”, recordó la FGR.