La Corte Suprema de Justicia de Colombia reafirmó que las autoridades sí tienen la potestad de “embargar” animales, tras el caso de Romeo y Salvador, dos perros considerados mascotas de compañía cuyo embargo decretó un juzgado de familia en el marco de un divorcio.
Un juzgado de familia decretó “embargo y secuestro” de dos perros en un proceso de divorcio, frente a lo que la propietaria de estos animales interpuso una tutela (recurso de amparo) ante la Corte Suprema, argumentando que los animales no eran bienes muebles sino seres sintientes y que su hijo había desarrollado un “lazo de fraternidad” con ellos.
La denunciante reclamó “la protección de sus garantías esenciales de unidad familiar, libre desarrollo de la personalidad y salud”, y consideró “irregular” y que “vulneraba” sus derechos y los de su hijo, según se recoge en el fallo de la Corte Suprema.
Sin embargo, el alto tribunal decidió negar la tutela y ratificar la posibilidad de la justicia de “embargar” animales.
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