El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves que encontraron el cadáver de José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas en junio pasado, lo que desató una polémica entre el Gobierno y la Iglesia.
“Se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gil la persona que encontraron muerta en Choix, Sinaloa, una comunidad rural, ya se confirma por los estudios, me acaban de pasar la información”, informó el mandatario en su rueda de prensa diaria.
Portillo Gil era el principal sospechoso de matar a los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, además del guía de turistas Pedro Palma, el 20 de junio de 2022, al interior de la iglesia de Cerocahui, en el municipio de Urique, Chihuahua.
La confirmación de López Obrador llega después de que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGEC) había notificado el miércoles que estaba confirmando la identidad del cuerpo, que una hermana había identificado.
Además, el mandatario comentó que “al parecer se trató de una ejecución” y que la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revisarán si se trata del responsable de la muerte de los jesuitas.
El 20 de junio de 2022, los sacerdotes Campos Morales, de 79 años, y Mora Salazar, de 80, intentaron auxiliar y brindar protección al guía de turistas Palma, quien entró a una iglesia en la sierra Tarahumara de Chihuahua mientras huía de personas armadas, por lo que asesinaron a los tres.
Las muertes de los religiosos despertaron la condena de organizaciones civiles y la comunidad jesuita en México, que destacó que al menos siete sacerdotes habían sido asesinados durante la administración del presidente López Obrador.
El mandatario prometió una investigación “a fondo” y ofreció recompensa por el presunto homicida, pero también criticó a la Iglesia y a la comunidad jesuita por denunciar la violencia en México durante su Gobierno.
La Compañía de Jesús en México emitió un pronunciamiento para advertir que la muerte del presunto asesino no significa justicia y pidió al Gobierno acatar las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Su aparición sin vida de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la Justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la sierra Tarahumara”, sentenció la comunidad jesuita.
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