La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito no contempla la reparación del daño a las víctimas de desaparición, por lo que es necesario reformar la ley local
Es urgente que, en Querétaro, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito opere como un órgano independiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado (SSC), instancia a la que actualmente pertenece, aseveró Yadira González, vocera del colectivo Desaparecidos Querétaro.
“No puede ser posible que una Comisión de Víctimas pertenezca a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y que en sus propios lineamientos hable de la reparación del daño hecha por el actuar del Estado; o sea, no pueden ser victimarios y reparadores del daño; tendría que ser independiente”.
Explicó que uno de los principales problemas es que la ley local sigue sin ser homologada a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en el “Diario Oficial de la Federación” (DOF) el 17 de noviembre de 2017 y cuya vigencia inició el 16 de enero de 2018.
En ese sentido, explicó que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito no contempla la reparación del daño a las víctimas de desaparición, por lo que, reiteró, es necesario reformar la ley local.
“Hay una Comisión de Atención a Víctimas que es completamente omisa al tema de las desapariciones en el estado; nos deja completamente indefensos”.
Aseguró que la “Ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición de personas en el estado de Querétaro” deja fuera a la Comisión Local de Búsqueda de Personas y a la propia Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito.
“Es una ley muy escueta, muy endeble y es porque no está homologada; deja muchos vacíos jurídicos y muchos vacíos en la atención a víctimas de desaparición y pues habrá que trabajar en cuestión de homologar esa ley”.
Añadió que próximamente tocarán las puertas del congreso local para avanzar en el tema legislativo respecto a la homologación de la ley, la cual lleva un retraso de cinco años.
