El Gobierno de México se comprometió este miércoles a adecuar su marco normativo respecto al arraigo preprocesal y la prisión preventiva oficiosa, después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que así lo exige.
“El Estado mexicano analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el tribunal interamericano, con el objetivo de estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones”, expuso el Ejecutivo mexicano en un comunicado, en el que se dio por enterado del contenido de la resolución judicial.
La sentencia de este miércoles hace referencia a las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, acusados de haber asesinado en 2001 a la regidora del municipio Atizapán, Estado de México, María de los Ángeles Tamés.
García y Alpízar permanecieron en prisión preventiva por 17 años, el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia, hasta 2019, cuando quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos.
En 2022 fueron condenados a 35 años de cárcel, aunque en marzo pasado un juez absolvió a Alpízar por falta de pruebas.
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