La iniciativa de reformas en materia administrativa, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso el 28 de marzo, asegura que se pretende propiciar el fortalecimiento de la administración pública federal mediante la agrupación de entidades paraestatales, reintegración a las dependencias federales del patrimonio de estas entidades cuando hayan sido creadas injustificadamente y establecimiento de la vigencia de la asignación de bienes muebles e inmuebles y de servicios públicos a entidades paraestatales por tiempo indefinido.
Sin embargo, abogados de empresa consultados por El Economista señalan que esos cambios al marco legal podrían crear un régimen de excepción.
Concretamente mediante la iniciativa enviada al Congreso se busca ampliar las posibilidades de sectorización de las entidades paraestatales, mediante reforma a la ley orgánica de la administración pública federal.
Además, propone reformar la “Ley federal de las entidades paraestatales” para crear la figura de integración y reintegración, con el objeto de que la Secretaría de Hacienda pueda proponer la transferencia de personal y de los recursos financieros y materiales a las dependencias de la administración pública federal de organismos descentralizados, fideicomisos o empresas paraestatales, que, según la iniciativa, “se crearon para suplir funciones que en realidad eran inherentes a la administración pública centralizada”.
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