El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno no protegerá a nadie por la muerte de 40 migrantes en el incendio de una estación del Gobierno en Ciudad Juárez y por el que se procesó al director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.
“Hay un proceso abierto que tiene la Fiscalía. La instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la Fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad, porque nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad”, señaló el mandatario mexicano durante su rueda de prensa matutina.
López Obrador respondió a cuestionamientos sobre la apertura de un juicio a Garduño, a quien un juez vinculó a proceso el domingo porque la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de omisión de funciones por su rol en el incendio del 27 de marzo en una estación del INM en la frontera norte.
Aunque el responsable de implementar la política migratoria de México permanece en libertad y en su cargo, el mandatario reiteró que se han hecho las investigaciones para esclarecer los hechos.
“Están hechas las investigaciones y resultó que quien tenía la llave no abrió, pienso que no imaginó que iba a propagarse el fuego como sucedió, lamentablemente”, lamentó.
Respecto a las órdenes judiciales, presumió que se ha actuado de manera inédita porque no solo brindan la mejor atención médica para las víctimas, sino que también se averigua de manera inmediata y se ha logrado detener a entre nueve y 10 personas por su presunta responsabilidad en estos hechos.
La semana pasada, el secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, aseguró que se garantizará la reparación del daño a las familias de los 40 migrantes que murieron en el incendio y a quienes resultaron heridos, ante la petición del Gobierno de Guatemala.
Pese a la tragedia, el presidente López Obrador ha justificado que Garduño permanezca en su cargo, pero ha señalado que cuando concluya la investigación de la FGR decidirá si lo mantiene o no en el puesto.
El escrutinio internacional sobre el rol del Gobierno de México y el INM ha crecido tras el incendio del 27 de marzo, cuando murieron 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, lo que El Salvador consideró un “crimen de Estado”.
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