La recién promulgada Ley de ciencia colocó a la comunidad del sector de la investigación científica en México en una situación de franca regresión, supeditada a la agenda que dicte el gobierno y desplazada de las decisiones que definirán qué, cómo y con cuánto van a investigar, y con la incertidumbre de poder realizar proyectos de largo plazo y de contar con el presupuesto necesario para llevarlas a cabo, plantean académicos.
De acuerdo con investigadores consultados por “El Economista”, algunos de los cuales pidieron no ser citados por temor a represalias o para no involucrar a las instituciones en donde son funcionarios, la principal preocupación es el control que pretende ejercer el gobierno federal de la investigación científica.
El investigador de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, Juan Pablo Pardo-Guerra, expuso que, contrario a lo que se venía dando en las últimas décadas, en el sentido de descentralizar la toma de decisiones en política científica, la nueva ley centraliza toda la organización del sector científico en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y, además, lo hace en torno a una agenda nacional que va a definir el gobierno.
Desde su perspectiva, eso obliga a quienes hacen ciencia en el país a articularse en torno a un pequeño conjunto de prioridades nacionales dictados por la agenda nacional.
Por su parte, la reconocida bióloga mexicana Julia Carabias Lillo dijo que no puede haber un país próspero, sustentable, desarrollado, con equidad y que haya superado su pobreza que no tenga una base científica sólida y que no esté escuchando a los científicos como motor de desarrollo.
Según los artículos 67 y 68 de la nueva ley, hay un Consejo Nacional que cuenta con una Dirección General (actualmente la directora del Conahcyt) y una junta de gobierno, integrada por representantes de 13 secretarías del gobierno federal, incluidas las de la Defensa y Marina, y una del Instituto Nacional de los Pueblos indígenas, sin contemplar la representación ni de universidades públicas o privadas, ni de los centros de investigación, lo que ha generado preocupación e inconformidad de la comunidad científica.
Con información de El Economista
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