Habitantes de Frontera Comalapa, Chiapas, han tenido que huir de sus hogares ante la violencia del crimen organizado, que busca reclutar hombres de manera forzada
Organizaciones civiles exigieron al gobierno y las autoridades intervenir de manera urgente para frenar la violencia del crimen organizado en municipios de la frontera sur de Chiapas.
A través de un comunicado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) denunció el recrudecimiento de la violencia debido a conflictos de grupos del crimen organizado por el control territorial.
En el pronunciamiento conjunto, el colectivo conformado por 87 organizaciones hizo responsable al Estado mexicano por su omisión ante las denuncias que han presentado, pues aseguraron que, hasta ahora, no ha habido respuesta por parte de las autoridades.
La asociación civil mostró su preocupación ante los hechos violentos en comunidades de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Amatenango de la Frontera ocurridos el pasado 24 y 25 de mayo.
En la jornada violenta, la población fue víctima de agresiones como enfrentamientos armados, secuestros, el reclutamiento forzado de hombres, así como la muerte a quienes opusieron resistencia a integrarse a las filas del crimen organizado.
Dos años de presión
Sin embargo, el colectivo señaló que la situación ha permeado por casi dos años en la región ya que los habitantes han sufrido de “robos, extorsiones, levantamiento de puestos de comercio y despojo de otros medios de vida, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado, amenazas de muerte, desplazamiento forzado, feminicidios y asesinatos”.
También denunciaron la agresión física que sufrió el defensor Milton Morales Zunun el 26 de mayo, quien fue hallado con vida tras haber sido privado de su libertad.
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa indicó que al menos 3,000 personas iniciaron un desplazamiento forzado para huir de la violencia y el reclutamiento forzado de grupos del crimen organizado.
“Estamos informando a las autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y migración, al Mecanismo de Protección, a la Secretaría General de Gobierno para que asuman su responsabilidad de proteger a la población e implementen medidas de protección urgentemente”, indicó el CDH Digna Ochoa.
