A la espera de que DOF publique nuevo Código civil y familiar

Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, explicó que esto permitirá iniciar los trabajos de homologación en los estados

Una vez que el nuevo “Código nacional de procedimientos civiles y familiares” sea publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el “Diario Oficial de la Federación” (DOF) comenzarán los diálogos institucionales con las legislaturas locales respecto a la homologación de estas nuevas normativas, afirmó el diputado federal por Querétaro Felipe Fernando Macías Olvera, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

“Se podrá empezar el diálogo institucional con las legislaturas locales y con los poderes judiciales en los estados”, afirmó.

Explicó que el primer paso será la instalación de la Comisión Nacional de Coordinación de Justicia, integrada por la Secretaría de Gobernación, las comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados y de Senadores, así como los titulares de las Comisiones de Justicia de los Congresos locales y los tribunales de justicia.

Recordó que, aunque dentro del nuevo “Código nacional de procedimientos civiles y familiares” se establece un periodo hasta el 2027 para realizar las armonizaciones correspondientes, los trabajos tienen que arrancar ya, porque el nuevo código incluye muchos ejes de adecuaciones.

“Una vez que ya se instale esta mesa de coordinación se van a comenzar a ejecutar temas de impacto presupuestal, infraestructura, capacitación, etcétera. Recordemos que esto entra en vigor hasta el 2027, pero tienen que empezar ya los trabajos”.

Señaló que, en el ámbito local, ya se tuvieron reuniones con la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa, con el objetivo de que el poder Judicial de Querétaro esté al tanto de las nuevas actualizaciones.

“Prácticamente ella estuvo también involucrada en el diseño de este código desde hace un año”.

El nuevo código, aprobado en abril, unificará las normas para la resolución de conflictos entre particulares en todo el país, como divorcios, herencias, pensiones, juicios testamentarios, etcétera; además, incluye la homologación de la oralidad de los procedimientos.