El Gobierno mexicano reconoció este jueves que hay 26 detenidos y 100 denuncias por un presunto desfalco por 9,500 millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo público agrícola creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“No queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente. Nos dolió mucho este fraude, cuando me informaron, dí la instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia en la Fiscalía”, expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina.
El escándalo arreció en marzo pasado, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) informó de 22 órdenes de aprehensión vinculadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado por “contratos ilegales y pagos ilícitos”.
Entre las investigaciones se han denunciado redes de empresas fantasma y adquisición a sobreprecio de insumos como azúcar que nunca usó Segalmex, organismo creado por López Obrador para “rescatar el campo” con apoyos a pequeños productores, buscar la “autosuficiencia alimentaria”, distribuir alimentos básicos, y garantizar precios.
Pero desde su fundación en enero de 2019, Segalmex ha despertado polémica por sus similitudes con la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), creada en 1961 y desaparecida en 1999 para controlar los precios agrícolas en los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Incluso, López Obrador nombró como director de Segalmex a Ignacio Ovalle, quien fue secretario de la Presidencia con el polémico Luis Echeverría (1970-1976).
El mandatario defendió este jueves a Ovalle al argumentar que la culpa del fraude es de “corruptos” que “engañaron” al ahora extitular del organismo.
“Quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan, y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios”, sostuvo.
En total, hay 100 denuncias por fraude y desvío de recursos en contra de 87 personas, de los que 41 son exservidores públicos, según el Gobierno.
Del monto irregular detectado, se ha comprobado un daño patrimonial por 4,900 millones de pesos, detalló Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública del Gobierno.
“Todo lo que no se aclare dará lugar a un proceso de investigación, con objeto de determinar si existieron faltas administrativas graves, que serán turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. O probables hechos ilícitos que, en su caso, se convertirán en denuncias penales”, aseveró.
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