La comisión tendrá por objeto analizar y acordar las políticas de coordinación necesarias para la instrumentación del código
Se tiene como plazo máximo el inicio de agosto para que se conforme la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia prevista en el nuevo “Código de procedimientos civiles y familiares”, afirmó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Querétaro, Mariela Ponce Villa.
Añadió que el artículo transitorio también menciona que, a partir del presupuesto del siguiente ejercicio fiscal, ya se tiene que ir contemplando el presupuesto para que el nuevo código pueda aplicarse gradualmente.
“La comisión va a ir impulsando y revisando los avances de cada uno de los estados, primero para hacer la homologación legislativa que se requiere y, segundo, cómo se va avanzando en temas de capacitación e infraestructura”.
De acuerdo con el decreto publicado en el “Diario Oficial de la Federación” (DOF) el 7 de junio, la comisión tendrá por objeto analizar y acordar las políticas de coordinación necesarias para la instrumentación del código, así como la armonización legislativa.
Menciona que para dichos efectos podrá convocar a los diversos grupos de la sociedad y la academia, y deberá remitir un informe de actividades a las cámaras del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos.
Registro nacional de obligaciones alimentarias
En otro tema, Ponce Villa refirió que aún están a la espera de que el Sistema Nacional DIF emita los lineamientos necesarios para que se cree el Registro nacional de obligaciones alimentarias, al cual el TSJ deberá subir los registros en la entidad.
“Por eso necesitamos mucho esos lineamientos, para saber en qué momento debemos registrar, qué deberían hacer los jueces, si nada más se registran los de materia familiar o los de materia penal, o solo los de materia penal por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar; no lo sabemos y tenemos que esperar esos lineamientos”.
Dijo que actualmente la entidad no cuenta con estadística respecto a deudores alimentarios, ya que no existía ninguna ley que lo estipulara.
