Piden cese de convivencias familiares por violencia vicaria

La presidenta del Comité Ejecutivo de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto denunció que ella y su hija son víctimas de violencia de género por parte de su expareja

Aunque en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya se cataloga, existe una falta de reconocimiento por parte de las autoridades queretanas de la violencia vicaria, pues en el Poder Judicial se aplican criterios para que los menores de edad mantengan un vínculo familiar con sus padres, aunque sean agresores, aseguró Frida González Loyola Acosta, presidenta del Comité Ejecutivo de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP).

Denunció que desde hace varios años es víctima de violencia de género por parte de su expareja y padre de su hija, quien dijo, en la actualidad, también ejerce violencia vicaria contra ambas.

Detalló que en diciembre del 2021 interpuso una denuncia por violencia familiar ante la Unidad número 4 de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues indicó que su expareja violentaba a su hija con “castigos humillantes”.

Señaló que aunque él fue vinculado a proceso en octubre del 2022, la jueza del caso determinó la suspensión a prueba del procedimiento al argumentar que la violencia familiar no es delito grave e impuso una reparación económica del daño.

“De él he recibido una amenaza de muerte en semanas anteriores y, por lo tanto, estoy solicitando que se le ponga especial atención al procedimiento porque mi hija (…) es víctima de violencia vicaria”, apuntó.

Precisó que, en consecuencia, la jueza segunda de distrito de amparo, habilitó convivencias entre su expareja e hija; sin embargo, recalcó que la menor no quiere acudir a las mismas por temor.

Sostuvo que, el pasado ocho de julio, al interior de las instalaciones del Centro de Convivencias Familiares de Querétaro, su expareja la amenazó de muerte; por este motivo, presentó una nueva denuncia y obtuvo medidas de protección por un periodo de 30 días; sin embargo, pidió la intervención de las autoridades para que cesen las convivencias familiares.

“La menor no quiere ir está representando para ella una revictimización muy fuerte porque llora cada vez que tiene que ir, que yo la tengo que llevar por la fuerza porque si no a mí me multan e, incluso, tengo el peligro que a mí me quiten la custodia de mi menor hija. Las psicólogas del centro (…) son muy autoritarias y me dicen: usted tiene que hacer que la niña coopere”, afirmó.