Luego de que se eliminara la prisión preventiva oficiosa de forma automática en 18 estados mexicanos, Amnistía Internacional (AI) se congratuló por la medida adoptada, aunque no quitó el dedo del renglón y exigió fortalecer todo el sistema judicial del país.
La figura de la prisión preventiva ha causado polémica entre organizaciones nacionales e internacionales, ya que permite la privación de la libertad automática, por hasta 80 días, de personas acusadas de cometer delitos graves, sin que existan cargos o evidencias, mientras se llevan a cabo las investigaciones ministeriales pertinentes.
Sin embargo, el viernes pasado, el pleno regional en materia penal de la Región Centro-Norte del poder Judicial mexicano, con sede en Ciudad México, determinó que es permisible conceder la suspensión de la medida cautelar cuando se interponga un recurso de amparo.
Esta resolución solo aplicará en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur y Tlaxcala.
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