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Semar fue pieza clave para crear la “verdad histórica”: GIEI

Ángela Buitrago y Carlos Bersitain sostuvieron que la Secretaría de la Marina (Semar) no informó la verdad sobre su participación en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), durante el sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dio a conocer que no se han podido conocer la totalidad de los hechos debido a la falta de información por parte de las autoridades de seguridad.

Ángela Buitrago y Carlos Bersitain, los dos últimos integrantes del Grupo que permanecen en México, sostuvieron que la Secretaría de la Marina (Semar) no informó la verdad sobre su participación en los hechos.

Explicaron que la información oficial, dada por la Marina, señalan que la participación comenzó a partir del día después de los hechos, mediante la seguridad perimetral en el lugar de lo ocurrido y con la participación de buzos que encontraron el cuerpo, en una bolsa, de uno de los desaparecidos.

Pero en el actual informe se supo que los miembros de esta Secretaría participaron en la detención y tortura de personas para poder crear la verdad histórica y, derivado de estas acciones, dos sujetos perdieron la vida, y aunque comentaron que la identidad de estos se desconocen; además, se habló de que hubo otros cinco que no se llegaron a consignar.

“Uno de los primeros puntos que aborda el informe son los hechos (…) El informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de todas las corporaciones del Estado en la desaparición de los jóvenes, la policía de Iguala y de Cocula actuaron en el escenario de la Calle Juan N. Álvarez, incluyendo grupos de los médicos en la zona del Palacio de Justicia en los dos lugares donde se produjeron la detención y desaparición de los jóvenes”, expresó.

Ángela Buitrago señaló que han recibido ocho negativas en relación con la información solicitada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta negativa abarca el acceso a documentos y datos relacionados con monitoreos técnicos y otros aspectos importantes de la investigación.

Destacó que Sedena ha tratado de cambiar las definiciones de sus siglas, como en el caso de CMI, que supuestamente significa “contenido mediático de información” según la respuesta oficial, pero especialista indicó que realmente corresponde a “Centro Militar de Inteligencia”.

“Se sigue mintiendo sobre la ausencia de información en Sedena sobre el posible destino de los estudiantes”, expresó Buitrago al señalar inconsistencias en lo que la dependencia ha referido respecto a los hechos.

Además, sugirió que la Fiscalía continúe solicitando la información completa de los monitoreos técnicos y análisis de inteligencia para obtener elementos que puedan ayudar a dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Al respecto, durante la presentación del informe se detalló que los jóvenes fueron divididos en al menos dos grupos en un primer momento, y posiblemente después en otros grupos. Esto indica que no fueron llevados al mismo lugar ni al basurero de Cocula como se mencionaba en narrativas anteriores.

Sobre los distintos lugares que podrían haber sido posibles destinos o paraderos de los jóvenes, se indicaron Loma de Coyotes, Huitzuco, y Taxco, y también se hizo referencia a la Barranca de la Carnicería, donde se encontraron restos de dos estudiantes.

Por otro lado, según declaraciones de un testigo protegido, se afirmó que los restos de algunos estudiantes fueron llevados a dos funerarias en Iguala, donde hay hornos crematorios, para ocultar lo sucedido.

Ante la pregunta de si el caso se llevaría, por parte del GIEI, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ángela Buitrago señaló que esta clase de delitos son de orden internacional y no quedan a consideración de los gobiernos si los quieren investigar o no. Aunque aseguró que el GIEI no le compete, pues son los padres y sus representantes si llevan el caso ante la Corte.

Los investigadores dijeron que muchas de las recomendaciones previas aún son válidas, y se suman nuevas relacionadas con el manejo de pruebas, la protección de testigos, la obtención de información clave y aspectos judiciales, entre otros.

“El informe incluye todo lo que hemos investigado, descubierto, los obstáculos que hemos encontrado en el camino porque creemos que documentar es la única manera de luchar para que se superen, se enfrenten y para que la verdad y la justicia sea una parte fundamental de Ayotzinapa y también de México”, resaltó Carlos Beristain acompañado de Ángela Buitrago.

Con información de El Economista

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Redacción

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