Primera disposición del empréstito podría ser en septiembre: Finanzas

El Gobierno del estado tiene hasta el 14 de septiembre para registrar el financiamiento ante la SHCP

El 14 de septiembre es el plazo máximo para que el financiamiento de tres mil 300 millones de pesos, adquirido por el Gobierno del estado, quede registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); lo que dará pauta a la disposición y aplicación de la primera ministración del recurso, detalló Gustavo Arturo Leal Maya, titular de la Secretaría de Finanzas del estado de Querétaro.

“Hoy vamos a tener una reunión, eso sí es una premisa, tenemos la primera reunión con los dos bancos ganadores. Hoy nos reunimos para arrancar el proceso del contrato del fideicomiso y tenemos que lograr, a más tardar el 14 de septiembre, que haya estado registrado ante Hacienda”.

Señaló que la adquisición del financiamiento consta de tres etapas: la primera fue la aprobación de la deuda, la convocatoria y las bases para salir a concurso; la segunda etapa fue el fallo de la adjudicación; y la tercera etapa corresponde al contrato, la estructura y el registro del financiamiento ante Hacienda.

“Eso nos va a tardar más o menos un mes y medio y después de eso viene la disposición y aplicación de los recursos”.

En ese sentido, subrayó que a partir de la tercera semana de septiembre esperan que pueda hacerse la primera disposición del empréstito y recalcó que el crédito no se recibe en una sola exhibición, sino que corresponde a un cronograma establecido.

Aseguró que se consiguió la tasa de interés más baja en la historia de los créditos en México, el cual fue de 19.32 por ciento; es decir, se pagarán 637 millones de pesos de intereses.

Añadió que estiman pagar en 47 mensualidades, o incluso 46, ya que será en agosto de 2027 el plazo máximo para liquidar la deuda; sin embargo, resaltó que todavía no se tiene el dato de cuánto será la mensualidad.

Asimismo, resaltó que un tercio del impuesto sobre la nómina estará enfocado a la conformación del fideicomiso, que por ley debe destinarse a infraestructura o acciones sociales.