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Piden “paciencia” para Ley de periodistas en Querétaro

Se busca que una instancia, ya sea federal o internacional, pueda emitir certificaciones a las empresas de los medios de comunicación./Foto: Especial

Reconoció que el proceso legislativo se encuentra detenido por los retrasos en los consensos con actores involucrados

“Me han pedido paciencia”, refirió la diputada Beatriz Marmolejo Rojas, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso local, al ser cuestionada sobre el avance en la “Ley de protección a periodistas en Querétaro”, la cual comenzó a promover desde principios del año pasado.

Explicó que se ha atrasado el consenso entre diversos actores involucrados para que se concrete esta legislación, por lo que afirmó que le han pedido paciencia en el proceso legislativo.

“Si en Querétaro nos adelantáramos a algo que, al final de cuentas, no quedará en la legislación federal, estaríamos en una contradicción de leyes; entonces, por eso se nos ha retrasado el consenso. A mí me han pedido paciencia (…) hay muchas personas involucradas en el consenso y en eso he querido ser muy respetuosa, porque no basta con presentar la iniciativa, hay que tener los consensos”.

Por ello, Marmolejo Rojas aseguró que, independientemente de si en algún momento se puede consolidar un proyecto legislativo, actualmente se busca que una instancia, ya sea federal o internacional, pueda emitir certificaciones a las empresas de los medios de comunicación.

Señaló que las certificaciones a los medios de comunicación serán referentes a sus políticas internas y de capacitación en materia de seguridad.

“Para que empecemos a trabajar desde adentro de los medios de comunicación con políticas al interior para que estos derechos puedan ser reconocidos”.

Reconoció que los medios de comunicación nacionales tendrían que regularse en un ámbito federal; no obstante, mencionó que a los medios locales sí se les podría certificar.

“He platicado con la Cámara de la Radio y Televisión y a lo que me comprometí es a buscar una certificación nacional o internacional que nos permita darles ese aval a las empresas que en su momento entren a este acuerdo (…) demostrar desde el lugar de trabajo que sí se pueden respetar los derechos humanos”.