Las dos candidatas y el candidato a la Presidencia de la República han solicitado protección durante el proceso electoral
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, informó este martes que hasta el momento las dos candidatas y el candidato a la Presidencia de México han solicitado protección durante el proceso electoral de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, además de tres aspirantes a gubernaturas, siete candidatos al Senado y 10 a diputaciones federales.
La protección durante las campañas electorales se da en medio de una ola de violencia que ha dejado al menos 15 candidatos asesinados.
El gobierno federal únicamente se hará cargo de la seguridad de candidatos federales.
Se acordó con el Instituto Nacional Electoral, que no se diera a conocer la identidad de las personas que contaría con dicha protección, pero de las 23 solicitudes, estas se dividen de la siguiente forma:
- Tres candidatos a la República
- Tres candidatos a gobernador (uno del PRD, uno del Movimiento Ciudadano y uno de la coalición PAN, PRD, PRI y Redes Sociales Progresistas)
- Siete candidatos al Senado (uno de la coalición Fuerza y Corazón por México, dos del Movimiento Ciudadano, uno del PRD, uno del PRI, uno de Morena y uno del PAN)
- 10 candidatos a una diputación federal (uno del PVEM, dos del PRD, uno del PRI, cuatro del Movimiento Ciudadano, uno del PAN y uno de Morena).
De esta suma, a siete personas se les ha destinado medidas de seguridad, mientras que de las 14 restantes están pendientes, siete comenzarán a recibir medidas a partir de este 5 de marzo.
De los 23 candidatos que solicitaron la protección, no a todos se les ha otorgado porque han tenido problemas para contactarlos.
Por otro lado, la dependencia federal informó que se llegó al acuerdo de que el gobierno federal sea quien asegure la protección de candidatos a la presidencia, a gobernador (de los nueve estados que están en contienda) y al Congreso de la Unión; sin embargo, dijo, la seguridad de los candidatos locales corre a cargo de los gobiernos estatales y municipales.
En caso de que los gobiernos locales no pudieran garantizar la seguridad de quienes lo soliciten, se revisará la posibilidad de que sean las autoridades federales quienes estén a cargo de dar protección a estos casos.
Con información de El Economista
