160 Carpetas de investigación por violencia digital se tienen contabilizadas, las cuales tienen en promedio un atraso de dos años por parte de las autoridades
La burocracia, tiempo de espera y falta de seguimiento a casos de violencia contra la mujer son las principales causas por las cuales las mujeres no denuncian actos de violencia ejercida en su contra, señalaron Diana Arletee Chávez, del colectivo Feminismo para Todas Mx, y Mayra Alejandra Dávila Alvarado, fundadora de Adax Digitales, AC.
Dávila Alvarado explicó que en la colectiva se han enfocado en gran medida a la zona serrana del estado, donde el mayor problema que existe son los casos de abuso sexual infantil y dijo que actualmente tienen 40 carpetas de investigación por algún tipo de violencia sexual infantil. Pinal de Amoles y Jalpan de Serra son los municipios con mayor incidencia de casos, agregó.
Agregó que otro tipo de violencia que en la actualidad se ejerce en contra de las mujeres es la digital, cuentan con un total de 160 carpetas de investigación que, en promedio, tienen un atraso de dos años por parte de las autoridades.
La fundadora y activista de Adax Digitales, AC, explicó que otro problema que se está presentando fuertemente en Querétaro se relaciona con los deudores alimentarios, de los cuales actualmente tienen un registro mayor a mil 500.
Por su parte, Diana Arletee Chávez, del colectivo Feminismo para Todas Mx, informó que en esta colectiva ellas reciben un promedio de 15 denuncias diarias de parte de mujeres víctimas de algún tipo de violencia, la mayoría de las cuales lo es de violencia sexual.
Detalló que de estos casos, en promedio dos mujeres optan por denunciarlos de manera formal y el resto no lo hace o no concluye el proceso por la burocracia y falta de empatía de los funcionarios públicos.
Ambas entrevistadas coincidieron en que muchos de los casos de violencia en contra de las mujeres no se denuncian o no se concluyen por la pérdida de tiempo o por la revictimización ejercida en contra de las denunciantes, por lo que urgieron a las autoridades a agilizar los procesos, aplicar sanciones fuertes y mejorar los procesos de atención para las víctimas.
