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noviembre 24, 2024

Aumenta 50% judicialización de carpetas: Fiscalía Anticorrupción

El titular de la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro rindió su séptimo informe de actividades ante el congreso local

 

Ante el Poder Legislativo del estado de Querétaro, el titular de la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE), Benjamín Vargas Salazar, rindió su séptimo informe de actividades y confirmó que, en el periodo que comprende de marzo 2023 a febrero 2024, fueron judicializadas 51 carpetas de investigación; cifra que sostuvo representó un 50 por ciento más que en el periodo anterior.

Indicó que la mayoría de los delitos que se cometen y conocen son: delitos contra la administración de justicia por hechos de corrupción, abandono del servicio público, desempeño irregular de las funciones públicas, tráfico de influencia, intimidación, colusión de servidores públicos, negociaciones ilícitas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y abuso de autoridad.

Precisó que, en total, se vinculó a proceso a 52 personas, 15 por ciento más que en el periodo anterior (febrero 2022 a febrero del 2023). Detalló que los principales casos de vinculación a proceso fueron de: expresidente municipal, exsecretario de Ayuntamiento, juez civil, policías municipales, particulares, policías estatales, personal municipal encargado de entregar apoyos sociales y personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

“Las vinculaciones a proceso penal de las personas imputadas por un delito de corrupción son el termómetro de que las investigaciones que realizamos están sustentadas en datos de prueba pertinentes, suficientes e idóneos, y que la capacidad para exponerlos ante la autoridad inicial por parte de nuestros fiscales permitió que los jueces vincularan a proceso a 52 personas”, afirmó.

Refirió que, en el último año, la Fiscalía Anticorrupción logró el cumplimiento de 16 órdenes de aprehensión en contra de particulares por el delito de cohecho y flagrancia; mandatos que explicó se ejecutaron por el Grupo de Policía Anticorrupción, con pleno respeto a los derechos humanos.

Asimismo, indicó que se emitieron 17 fallos condenatorios a igual número de personas y se obtuvo la cantidad de 109 millones 221 mil 493 pesos, por los conceptos de reparación del daño, decomiso y aseguramientos.

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