CIDH pide al presidente Daniel Ortega propiciar el diálogo para superar crisis de derechos humanos en Nicaragua; le sugirió remover los obstáculos del ejercicio de protesta
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este jueves al Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua que propicie y sostenga un diálogo con la sociedad civil para superar la crisis de derechos humanos que vive el país centroamericano desde abril de 2018.
En su informe anual sobre Nicaragua, de 40 páginas, la CIDH recomendó a Ortega adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis de derechos humanos “mediante el restablecimiento de la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de derecho y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión”.
Sugirió a Ortega propiciar y sostener un diálogo efectivo, legítimo e inclusivo con la sociedad civil.
“Para ello, el Estado debe propiciar las condiciones necesarias que contribuyan a fomentar la confianza de la población mediante el cese de la represión, el reconocimiento de los hechos ocurridos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación”, indicó.
Recomendaciones de la CIDH
Además, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis iniciada en 2018; iniciar procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas; y poner fin a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos desde hace seis años.
También la CIDH pidió a las autoridades nicaragüenses dejar sin efectos todos los decretos y actos de autoridad relativos a la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil que han sido aprobados sin garantizar el debido proceso, y devolver a sus integrantes las instalaciones y todos los bienes confiscados “en las mismas condiciones en las que se encontraban al momento del allanamiento”.
Asimismo el cesar inmediatamente la persecución judicial, la represión, la estigmatización, los ataques, las amenazas e intimidaciones contra los diferentes actores de la sociedad civil, tanto en el entorno físico como digital, incluyendo periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas, artistas, académicos, personas opositoras políticas e integrantes de comunidades religiosas y la Iglesia católica.
Otra de las recomendaciones de la CIDH al Estado de Nicaragua es que remuevan “los obstáculos al ejercicio legítimo del derecho a la protesta, en particular, a través de la eliminación de la exigencia de autorización previa para la realización de manifestaciones y el establecimiento expreso de la presunción general en favor del ejercicio del derecho de reunión y libertad de expresión”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos.
