Desde el pasado viernes 10 de mayo, el Gobierno del Estado de Querétaro declaró emergencia debido a la temporada de estiaje generada por la sequía excepcional, extrema y severa que ha sufrido la entidad federativa durante este año.
La declaratoria de emergencia fue publicada ayer en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” e instruye a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para que garantice el derecho humano al agua de manera eficiente, salubre, aceptable y asequible.
Y es que de acuerdo con el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 75 por ciento del territorio estatal queretano padece condiciones de sequía excepcional, principalmente, en las regiones de la Sierra Gorda y el Semidesierto.
Además, 24.2 por ciento del territorio estatal sufre afectaciones por sequía extrema, sobre todo, en la zona metropolitana de Querétaro y el sur de la entidad federativa. Mientras tanto, 0.8 por ciento del territorio queretano presenta sequía severa.
Debido a esta situación climática extraordinaria, la CEA deberá llevar a cabo campañas de difusión masiva para sensibilización y prevención dirigidas al ahorro y cuidado del agua.
Asimismo, en colaboración con la Coordinación Estatal de Protección Civil, diseñará la logística para distribuir pipas en los municipios más afectados por la temporada de estiaje. También identificará las zonas que tendrán más complicaciones para tener acceso al agua.
La CEA también tendrá que gestionar acciones conjuntas con los 18 municipios para cumplir esta declaratoria de emergencia. En este sentido, buscará la colaboración con prestadores de servicios públicos de agua potable y concesionarios.
El Gobierno del Estado de Querétaro agregó que ejercerá recursos públicos “conforme a la viabilidad financiera y las autorizaciones a cargo del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024, a fin de destinarlos a las adquisiciones que resulten necesarias para la temporada de estiaje”.
La declaratoria de emergencia se mantendrá vigente hasta que se regularice y ordene “la situación anormal provocada” por la sequía en la entidad federativa, es decir, cuando “ya no represente un riesgo para la seguridad, integridad, salud física y psicológica de la población en general”.
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